El anuncio de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural, alineada con el Plan Nacional de Energía 2024-2030, marca un punto de inflexión en la política energética de México. Presentado el 6 de noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum, este plan busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y reconfigurar el panorama regulatorio para consolidar la soberanía energética del país. Sin embargo, plantea importantes retos para el sector privado y la transición energética.   

Uno de los puntos más importantes, es la devolución a Pemex de su naturaleza como empresa pública del Estado. Esto implica modificar su carácter de empresa productiva, con repercusiones en sus contratos, permisos y relaciones con los reguladores. En conversación con Surtidores Latam, Javier Govea Soria, consultor en derecho ambiental y energético de GMB Abogados, expresó que “esta transformación genera incertidumbre entre los actores privados debido a posibles medidas regulatorias que favorezcan a Pemex en detrimento de la competencia”.   

La estrategía contempla la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que hasta ahora han sido pilares en la regulación del sector energético. Estos cambios, que deben implementarse en un plazo de 180 días, podrían alterar la dinámica de permisos, comercialización y distribución, lo que obliga a los empresarios a mantener un diálogo constante con las autoridades para mitigar riesgos y asegurar inversiones.   

Desde GMB señalaron que estas medidas buscan reducir la dependencia de las importaciones, priorizando el consumo de producto nacional y aumentando la producción de petroquímicos y combustibles. En este sentido, el fortalecimiento de la refinación, con proyectos como Dos Bocas y la rehabilitación de seis refinerías, se contrapone a los objetivos de transición hacia energías limpias.   

Asimismo, el plan incluye el desarrollo de un marco normativo para bioenergéticos y combustibles limpios, un acierto según los expertos, considerando el rezago de la regulación actual en esta materia.   

Por otro lado, la propuesta de mantener los precios de la gasolina por debajo de la inflación, junto con la política de no incrementar tarifas de transporte y distribución de gas natural, es bien recibida. Sin embargo, los desafíos administrativos y regulatorios, como la actualización de tarifas ante la CRE, requieren soluciones efectivas para evitar bloqueos operativos.   

De esta manera, el énfasis en el trabajo social con comunidades y la consulta pública para nuevos proyectos refuerza el compromiso con el desarrollo local, aunque será fundamental garantizar que estos procesos no se conviertan en obstáculos burocráticos.   

En este contexto, Govea Soria, sostuvo que el sector industrial debe enfocarse en construir una comunicación efectiva con el gobierno para asegurar que las reformas potencien la inversión y el desarrollo sostenible del país.