El gobierno cubano dio a conocer un decreto en el que las empresas privadas y extranjeras consideradas como grandes consumidoras, deberán generar el 50% de la energía que utilizan en las horas de mayor demanda.

La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial de la isla caribeña, establece que este mandato deberá efectuarse a partir del 2028, y que contempla, de igual forma, a trabajadores autónomos, ONGs, empresas estatales y cooperativas que consuman en promedio mensual igual o superior a 30 megavatios hora o 50 mil litros de combustible.

Restricciones

La ordenanza considera la prohibición del uso de aires acondicionados a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius en cualquier establecimiento mercantil, estatal o privado, sin importar el nivel de consumo.

En caso de no cumplir con los lineamientos, los transgresores deberán pagar unos 15 mil pesos cubanos, lo relativo a 625 dólares al cambio oficial para empresas.

Uno de los puntos que se registran en el decreto es que el gobierno cubano podrá activar un “régimen especial de contingencia eléctrica” toda vez que la generación no alcance a satisfacer la demanda. En este caso, se ordenará frenar el uso de hornos eléctricos, desconectar equipos de refrigeración y limitar el bombeo de agua a las viviendas.

Crisis que agobia

La situación de Cuba es preocupante, debido a que su crisis energética, que inició en agosto pasado, se agrava de manera significativa, llegando a déficits eléctricos que rebasan el 50% en el último mes. Cabe recordar los constantes problemas de las centrales termoeléctricas con más de 40 años de servicio y sin mantenimiento adecuado, o los dos colapsos totales que sufrió el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por la falta de combustible.

La isla ya experimentó apagones de hasta 20 horas diarias en algunas zonas, debido a la escasez de energía. Esto se traduce en un impacto negativo a su economía, que ya se contrajo un 1.9% en 2023, de acuerdo con datos oficiales.

Las condiciones energéticas, aunadas al incremento en la represión que tanto reclaman los opositores, han sobrepasado el descontento social, mismo que se agudizó desde 2021.

La dictadura de Miguel Díaz-Canel argumenta que las medidas pretenden “corregir distorsiones” en la economía; sin embargo, la poca inversión en infraestructura, la inflación y los frecuentes apagones dejan al país con pocas esperanzas de soluciones reales.