La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles que la explotación del litio es una facultad exclusiva del Estado mexicano, marcando un hito en la política minera del país. Con esta decisión, la SCJN desestimó un amparo promovido por Grupo Bararal contra la reforma a la Ley Minera de 2022, que nacionaliza este recurso estratégico y prohíbe concesiones a particulares.

Un Fallo Histórico

El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN. La resolución destacó la “supremacía constitucional”, subrayando que la reforma prohíbe explícitamente cualquier concesión relacionada con el litio. Esto invalida intentos de amparo como el presentado por Grupo Bararal.

La empresa había argumentado que la reforma afectaba su título de concesión, vigente hasta 2068, sobre el lote ‘San Pedro’, ubicado en Chihuahua. No obstante, la SCJN determinó que la exclusividad estatal en la explotación del litio es constitucional y prioriza la soberanía energética nacional.

Reafirmación de la Soberanía Energética

Este fallo refuerza los esfuerzos del Gobierno mexicano para proteger recursos estratégicos, como el litio, un mineral esencial para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos y tecnologías limpias. La exclusividad estatal busca garantizar que su explotación contribuya directamente al desarrollo nacional y a la transición energética.

Además, esta decisión establece un precedente jurídico clave para futuras controversias relacionadas con recursos estratégicos en el país, consolidando la política del Ejecutivo de fortalecer el control estatal sobre minerales críticos.

El Litio y su Relevancia Estratégica

El litio, conocido como el “oro blanco” por su importancia en la industria tecnológica y energética, se ha convertido en un recurso prioritario para los países que buscan liderar la transición hacia energías limpias. México, con importantes reservas de litio, especialmente en el estado de Sonora, está posicionándose como un actor relevante en esta industria emergente.

Con la nacionalización del litio, el Gobierno mexicano busca maximizar los beneficios económicos y sociales de este recurso, priorizando su uso en proyectos que impulsen la innovación y la autosuficiencia tecnológica.

Implicaciones Futuras

El fallo de la SCJN no solo ratifica la constitucionalidad de la reforma a la Ley Minera, sino que también envía un mensaje claro sobre la postura del Estado frente a recursos estratégicos. La exclusividad estatal permitirá un enfoque más centralizado y sostenible en la explotación del litio, alineado con los objetivos de soberanía energética y desarrollo nacional.

La decisión de la SCJN marca un antes y un después en la gestión de recursos estratégicos en México. Con el litio bajo control estatal, el país busca consolidarse como un líder en la transición energética global, asegurando que este recurso clave beneficie directamente a los mexicanos.