La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la multa de 230 millones de pesos impuesta a Luis Enrique Arvizu Romano, exgerente de estudios de la Estela de Luz, monumento construido durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta sanción se deriva de su responsabilidad en irregularidades durante la edificación del emblemático proyecto.

En sesión, los ministros de la SCJN rechazaron por unanimidad de cinco votos el amparo presentado por Arvizu, quien buscaba evitar el pago de la multa. Este recurso legal era su última oportunidad para revertir la resolución emitida en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que lo declaró responsable por daños al erario público bajo el concepto de “responsabilidad resarcitoria”.

El fallo de la Corte ratifica la gravedad de las irregularidades detectadas en la gestión del proyecto de la Estela de Luz, considerado uno de los monumentos más polémicos de la administración de Calderón, no solo por los sobrecostos, sino también por los retrasos en su entrega. Originalmente proyectada para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México en 2010, la obra se inauguró hasta enero de 2012.

La multa busca resarcir el daño económico causado al erario público por la mala gestión de los recursos destinados a la construcción del monumento. La Estela de Luz, que tuvo un costo final de aproximadamente 1,304 millones de pesos, presentó un sobreprecio significativo respecto a su presupuesto original.

Con esta decisión, la SCJN reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos públicos, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad administrativa en proyectos gubernamentales.

El caso de la Estela de Luz sigue siendo un referente en México sobre la necesidad de supervisar eficazmente los proyectos de infraestructura para evitar actos de corrupción y garantizar el correcto uso de los fondos públicos.

¿Quién hizo la Estela de Luz y cuánto costó construirla?

La llamada ‘Estela de la corrupción de Calderón’ fue construida entre 2009 y 2011 con motivo de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que durante su edificación hubo un daño al erario por 230 millones 77 mil 487.66 pesos.

Según la Auditoría, gran parte de los perjuicios al patrimonio público se debieron a la subcontratación de empresas y pagos excesivos que fueron responsabilidad de varios participantes de la obra, entre ellos Luis Enrique Arvizu.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF, se encontraron pagos en exceso respecto del precio unitario de acero inoxidable; kilogramos de más pagados y desembolsos en demasía por conceptos de transporte y montaje.

Inicialmente, el costo de la Estela de Luz se calculó en 393 millones de pesos con un plazo de entrega para el 10 de agosto de 2010. No obstante, el gobierno de Calderón no solo no concluyó a tiempo, sino que terminó destinando más de mil 300 millones en su construcción.

Por esta razón, la ASF interpuso 134 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre las cuales se acusó a Arvizu Romano de la incorrecta integración de precios y diferencias en conceptos de obras.

Exfuncionarios señalados por la construcción de la Estela de Luz

Arvizu Romano fue gerente de estudios, proyectos y construcción de la empresa III Servicios, S.A. de C.V., una filial no paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estuvo a cargo de la obra.

Esta, además, no ha sido la controversia en torno al monumento emblema del gobierno de Calderón, pues en 2019, extrabajadores de la constructora III Servicios S.A. de C.V. denunciaron al expresidente por supuestos actos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones.

En la denuncian también estaban señalados Patricia Flores Elizondo, quien fuera la jefa de la Oficina de Presidencia, al arquitecto Agustín Castro Benítez y Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo en III Servicios y responsable de coordinar la ejecución de la obra.

“Los verdaderos culpables en el incremento del costo de esa obra son los exfuncionarios de Presidencia y director general de la obra señalados, al haber maquinado desde un inicio las conductas anteriormente señaladas”, acusaron.