• Las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior afectan gravemente al sector energético, proyectos de infraestructura -incluyendo algunos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo-, la competitividad e integración regional con Norteamérica.
• El país necesita un marco regulatorio predecible con base en los principios de legalidad, seguridad jurídica, sustentabilidad y competencia económica. El respeto a estos principios es indispensable para la seguridad energética y el abasto confiable de combustibles a precios competitivos, en beneficio de los consumidores.

Ciudad de México, 06 de julio de 2021

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO y las más de 1,000 empresas que representa celebramos e impulsamos decididamente las iniciativas que tengan por objeto mejorar y fortalecer el marco regulatorio en el que operan nuestros socios.

Por ello, vemos con preocupación los recientes cambios establecidos en las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020; particularmente, la regla 2.4.1 que entró en vigor el 12 de junio del presente y que prohíbe a empresas privadas la importación y exportación de hidrocarburos en un lugar distinto al autorizado, pues:

1. Restringe significativamente las opciones del sector privado para importar petroquímicos e hidrocarburos a México, eliminando la opción marítima en terminales ubicadas fuera de los puertos, que es el transporte más competitivo después de los ductos. Esto tendrá un impacto significativo en los precios de los combustibles y otros productos del sector alimentario y farmacéutico, entre otros, afectando principalmente el bolsillo del consumidor final. Incluso puede afectar directamente los costos y logística de Pemex.
2. Pone en riesgo la continuidad y ejecución de planes de negocio y proyectos de inversión en desarrollo de nuevas cadenas de suministro e infraestructura en el sector energético, que tienen como propósito fortalecer el suministro confiable y con costos competitivos de combustibles, en beneficio de las familias mexicanas y/o potenciar la vocación exportadora de algunas regiones del país.

Es importante recordar que una de las modificaciones más significativas a la Ley Aduanera en 1995 fue precisamente la adición de lugar distinto al autorizado, para permitir a los particulares contribuir al desarrollo de infraestructura, particularmente en los puertos.

3. Reduce significativamente la capacidad de las empresas privadas para usar infraestructura de importación y/o exportación existente y en desarrollo, al otorgar autorizaciones exclusivas a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias en detrimento de los derechos constitucionales a la competencia y libre concurrencia, lo que constituye además, un trato discriminatorio hacia la iniciativa privada.
4. Limitan la certidumbre en un marco regulatorio predecible y consistente en el tiempo, que es una condición fundamental para las inversiones de largo plazo, como las requeridas para fortalecer las inversiones en infraestructura y el suministro confiable de combustibles y la consolidación de México como un socio estratégico.
5. Adicionalmente, se contraponen a los principios fundamentales de tratados internacionales de libre comercio, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en lo que corresponde a Trato Nacional, Estándar Mínimo de Trato, Expropiación, entre otros.

A la fecha, se llevan a cabo inversiones importantes en el desarrollo de cadenas de suministro e infraestructura en el sector energético, que son de la mayor relevancia pues complementan las inversiones del sector público.

Sin embargo, la modificación a las Reglas de Comercio Exterior se añade a otros cambios regulatorios que, en los últimos meses, han impactado la certidumbre regulatoria y la viabilidad de los planes de negocio de empresas que invierten con un horizonte de largo plazo en el país.

Como aliados en el fortalecimiento del sector energético mexicano, AMCHAM y su comunidad binacional de negocios hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal para garantizar un marco regulatorio predecible para el desarrollo, fomento y operación de las cadenas de suministro de combustibles con base en los principios de legalidad, seguridad jurídica, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y competencia económica.

El respeto a estos principios es indispensable para la seguridad energética y el abasto confiable de combustibles a precios competitivos, en beneficio de los consumidores.