Barra de Abogados de NY condena presiones contra jueces mexicanos por resoluciones en energía

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Nuevamente reclamos de Estados Unido a esta administración por violentar tratados internacionales: Santamaría y Steta.

Juan Carlos Machorro socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, informó que es ahora la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar Association) quien emitió un comunicado rechazando firmemente cualquier acción o pronunciamiento a cargo del presidente López Obrador o sus colaboradores o seguidores que interfieran con la independencia del poder judicial en México, por sentencias contrarias al gobierno en el sector energético.

Tal pronunciamiento obedece a la solicitud pública presidencial de investigar a jueces que se pronuncien o emitan resoluciones o suspensiones en contra de los intereses del gobierno. “Esto violenta clara y flagrantemente principios y estándares internacionales de justicia y desgasta la figura del poder judicial mexicano y su independencia. Simplemente no se puede pretender intimidar a jueces y obstaculizar sus deberes judiciales”, dijo.

El abogado explicó que existen procedimientos y mecanismos legales para que cualquier persona, incluido el Poder Ejecutivo pueda disentir, solicitar la reversión o modificación de las decisiones de los jueces. Pero ello“necesariamente debe realizarse fuera de la esfera política, observando y adecuando los procedimientos y los canales legales adecuados”.

Juan Carlos Machorro señaló que el pronunciamiento de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York se suma al pronunciamiento de organismos colegiados en México que incluyen a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Barra Mexicana de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Mexicana y distintas organizaciones empresariales, académicas y de investigación del derecho.

“Seguimos presenciando temas preocupantes en materia de legalidad y respeto al Estado de Derecho; el desacato a prevenciones administrativas y suspensiones judiciales y la utilización de tribunas políticas en franca invasión de competencias y violación de principios básicos de división de poderes no deben normalizarse en un ambiente de preocupante recurrencia.”

“No es asunto menor atentar contra la independencia del poder judicial que tiene a su cargo la salvaguarda de los derechos y las libertades de los mexicanos; la defensa del Estado de Derecho es algo que debería preocuparnos y ocuparnos a todos, todo el tiempo. Aquí no caben filias o fobias ideológicas o políticas ni la austeridad de agendas electorales de corto plazo”, concluyó. 

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