Por: Paolo Salerno

Hace poco más de un año, en esta época había iniciado la carrera sin frenos hacía el cumplimiento del Código de Red.

Las empresas y los agentes del sector buscaban cursos, manuales, especialistas o cualquier información que les permitiera darle una guía para poder implementar y cumplir con los lineamientos técnicos y jurídicos establecidos en esta norma.

Para poder dimensionar de forma oportuna este problema, es necesario, en primer lugar, contextualizar de qué estamos hablando.

“El 8 de abril de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedía una normativa técnica llamada Código de Red, en la cual se fijó que todos los participantes del mercado, es decir, generadores, transportistas, distribuidores y consumidores en media y alta tensión, tenían que cumplir con nuevos parámetros técnicos en lo que era calidad y eficiencia de la energía”.

Para implementar esta regulación se previó un periodo de gracia de tres años (hasta el famoso 9 de abril de 2019).

En el caso de la generación, por temas técnicos y de mercado, el cumplimiento ha sido casi automático, ya que para interconectarse y para medir la energía que se inyecta a la red, el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE), en sus manuales, ya incluía de base estos requerimientos para permitir a las plantas de generación de interconectarse y operar.

En lo que corresponde a las actividades de transmisión y distribución, siendo estas áreas exclusivas del Estado y operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de Empresas Productivas del Estado, se han establecido (actividad que se sigue haciendo) programas de modernización de las redes, aunque de forma muy paulatina con respecto a las reales necesidades del sector en estas áreas.

De último, pero no por esto menos importantes, quedan los centros de carga, es decir, los usuarios que consuman energía en media y alta tensión.

Estos han tenido un acercamiento muy variado a este tema, en el sentido que los centros en alta tensión y los participantes del mercado en media tensión, por su estructura y funcionamiento, han tenido que ir adecuando sus instalaciones al Código de Red de forma automática, para cumplir con su operación diaria.

A diferencia de éstas, las instalaciones en media tensión que cuentan todavía con un suministro básico, es decir, su suministro de energía sigue siendo con tarifa regulada y operado por la CFE Suministro Básico, son las que más retraso han tenido en implementar el Código de Red, y especialmente de éstas trata este artículo.

La situación anteriormente descrita es fruto de varias problemáticas que se han presentado desde el periodo de gracia, hasta la efectiva entrada en vigor del Código de Red:

La primera ha sido el casi total desconocimiento por parte de las empresas de esta normativa. 

En este sentido, aunque la CRE haya difundido de alguna forma información al respecto, el sector entero no ha dado la importancia que hubiera merecido al asunto. 

Los jefes de mantenimiento, los encargados de energía de las plantas y los mismos dueños, al igual que muchas asociaciones de categoría, no tenían en el radar esta normativa, lo cual ha provocado que, al momento de acercarse la fecha fatídica del 9 de abril del 2019, las empresas estaban totalmente impreparadas para la implementación de la regulación.

La segunda ha sido la falta de conocimiento de este tema por parte de los agentes del sector, especialmente en la parte técnica, lo cual ha conllevado consecuencias negativas muy importantes, como, por ejemplo, no dimensionar correctamente el problema, tanto a nivel temporal como económico. 

Es decir, no han informado a las empresas del tiempo que realmente se hubiera necesitado para realizar correctamente los estudios y, a la par, de los costos en los cuales hubieran tenido que incurrir, tanto para hacer los estudios, como para la implementación de las correcciones necesarias en las plantas.

La tercera, que va de la mano con las otras dos, ha sido no presentar a los participantes del mercado de la forma oportuna esta importante y muy bien estructurada regulación. 

Esto es de fundamental importancia, ya que permitiría a todo el sector de producción mexicano generar una cultura de eficiencia, ahorro y calidad de energía en las instalaciones, que les permitiría trabajar de una forma mucho más en línea con los estándares y modelos internacionales.

La situación actual, fruto de todo lo anteriormente descrito, ha tenido algunas consecuencias muy relevantes.

La primera ha sido que muchas empresas, especialmente de ingeniería, sin tener el conocimiento y aprovechando la situación, han empezado a venderse como “especialistas de Código de Red” realizando estudios y análisis que no son conformes con la regulación, sin dejar de lado lo que han cobrado para estos servicios.

En segundo lugar, existen muchas empresas que, a pesar de las importantes sanciones previstas y de la importancia que esta normativa tiene para la mejora también de su proceso productivo, después de un primer momento de pánico, han decidido de no hacer nada por el momento, debido a que la autoridad, en este caso la CRE, no tenía ni las capacidades ni los recursos tanto para analizar y dictaminar los planes de trabajos, buenos o malos que fueran y, menos, para iniciar los controles en los centros de carga. 

En efecto, a la fecha no se conoce prácticamente de ningún control y menos de alguna sanción en este tema, lo cual provoca una situación paradójica y un juego de equilibrios muy peligroso. 

Es decir, la no intervención del regulador en este asunto provoca que muchas empresas, corporativos y marcas importantes, no hagan nada para cumplir con el Código de Red, ya que no sienten que haya una “amenaza real” fruto del control que la autoridad debería de hacer. 

Esto provoca, por otro lado, que en el momento en el cual caiga la primera revisión y/o sanción, todas las empresas que no han tomado carta en el asunto empiecen, una vez más, a buscar cómo solucionar el problema, provocando una subida de los precios para estos estudios y una sustancial bajada de la calidad de los servicios propuesto. 

Esta situación, realmente no ayudará a nadie.

Además, se tiene que tener en cuenta que ya existe una versión actualizada del Código de Red, la cual no ha sido todavía publicada, ya que la autoridad todavía está en proceso de análisis y contestación de lo que son las preguntas fruto de la consulta pública que terminó el pasado mes de septiembre. 

También en este caso resulta de fundamental importancia evidenciar cómo es urgente avanzar y publicar esta normativa para dar certeza jurídica a todo el sector.

En definitiva, el Código de Red es una normativa de absoluto valor que puede permitir a todo el sector eléctrico mexicano mejorar en lo que corresponde calidad, eficiencia y ahorro energético. 

En muchas partes del mundo ya se han implementado normativas similares que han llevado muchos beneficios, sobre todo a la producción industrial. 

En el caso de México, es importante que las empresas vean esta regulación como una gran oportunidad para mejorar sus instalaciones y procesos productivos. 

Al mismo tiempo resulta de fundamental importancia que el organismo regulador, la CRE, que está encargado de este asunto, tome cartas y empiece a hacer su labor de revisión normativa con la aprobación de nuevo Código, y sobre todo que inicie a inspeccionar a los obligados para ver si realmente cumplen o no. 

Esto no con el afán de sancionarlos, sino más bien con la preocupación de empujarlos a que se involucren activamente en el asunto, y empiecen realmente a implementar esta gran transformación en el sector eléctrico mexicano en lo que es calidad, eficiencia y ahorro energético de acuerdo a lo previsto en el Código de Red.