Crecen las preocupaciones entre las empresas de transporte ante los nuevos requerimientos de la CRE, informó OPIS.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) comenzó a solicitar a las distribuidoras y empresas de transporte de petrolíferos que registren sus unidades de transporte como parte de sus permisos, así como enumerar las rutas y destinos de suministro, de acuerdo con un reporte de OPIS.

Esto ha elevado el nivel de preocupación entre las empresas privadas, las cuales aseguran tienen un trato “injusto” por parte de las autoridades.

Los empresarios acusan que la CRE no solicita las mismas reglas a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual los pone en franca desventaja.

“Si Pemex tiene [escasez de combustible] en una terminal, enviará a los clientes a cargar combustible en cualquier otro estante cercano. Sin embargo, las empresas de transporte de Pemex no enumeran todos los destinos posibles”, dijo un empresario a OPIS.

En una carta que la Cámara Nacional de Empresas de Carga de México (CANACAR) dirigió a los comisionados de la CRE, solicitó a la comisión que reconsiderara exigir que los camiones se incluyan en los permisos de transporte. La cámara respalda su solicitud en la carta que dice que dentro de la Ley de Hidrocarburos de México, los camiones no figuran como un activo regulado, lo que restringe la supervisión de CRE a camiones con un tanque de combustible adjunto al chasis, remolques separados, botes y tuberías.

Esta acción se suma a una serie de medidas regulatorias emprendidas por las autoridades con la finalidad de frenar la participación de empresas privadas en el mercado de petrolíferos, con la finalidad de fortalecer a la empresa productiva del estado.

Mientras que Senadores y Congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta a los secretarios de Estado, Energía y Comercio en la que informan que en las últimas semanas, se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México.

“Según informes de los medios, el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y el cierre parcial de otras 171”.