La crisis ambiental es uno de los principales retos para todas las naciones, y México no es la excepción, pues desde hace varios años México cuenta con la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

Desde 2012 esta ley tiene como propósito garantizar el derecho a un medio ambiente sano estableciendo políticas públicas aplicables en territorio nacional, tendientes a disminuir el impacto ambiental por el cambio climático, a través de la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero.

Asimismo, la ley establece que las personas físicas y morales deben registrar de manera obligatoria la información, datos y documentos referentes a sus emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de gases y compuestos de efecto invernadero, generadas de forma directas e indirectas.

En ese contexto, Francisco J. Matus Bravo, socio en el área fiscal de la firma Basham Ringe y Correa, S. C., explicó que, la LGCC es producto de las obligaciones que asumió México con su participación (ratificación) en el protocolo de Kioto y su evolución hasta llegar al Acuerdo de París.

Asimismo, señaló que, en términos de la LGCC, dependiendo del tipo de industria o actividad que realicen los contribuyentes mexicanos que emiten gases y compuestos de efecto invernadero, están obligados a compensar, mitigar, o reducir esas emisiones.

En entrevista, indicó que un ejemplo de los contribuyentes mexicanos que deben observar y cumplir con esta ley son los contribuyentes dedicados a la: i) industria del petróleo y petroquímica; ii) manufactura química; iii) industria del cemento y cal; iv) manufactura de partes automotrices; v) industria metalúrgica; vi) generación de energía eléctrica, entre otros.

Asimismo, explicó que, con motivo de la LGCC, algunos Estados de la República Mexicana han reformado diversos ordenamientos fiscales para imponer nuevos impuestos estatales a los contribuyentes mexicanos que, por su tipo de industria o actividad, emiten gases y compuestos de efecto invernadero.

Según el experto, Estados como Nuevo León, Querétaro, Yucatán, y Zacatecas, entre otros, son algunas de las entidades que han ajustado su legislación fiscal para imponer impuestos a los contribuyentes mexicanos que, por la realización de sus actividades, emiten gases y compuestos de efecto invernadero.

Asimismo, señaló que, en algunos casos, estos impuestos estatales se parecen entre sí, pero que cada uno tiene sus características particulares, por lo que es necesario buscar asesoría de un experto para poder entender con claridad cuáles son esas obligaciones y nuevos impuestos asociados a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Francisco Matus hizo referencia al nuevo impuesto por la emisión de contaminantes a la atmósfera del Estado de Nuevo León, mismo que dijo entró en vigor en el ejercicio fiscal de 2022. El experto enfatizó que el impuesto se calcula aplicando la cuota del 2.79 ($268.45) por cada tonelada o fracción de partículas emitidas
(cfr. IMPUESTOS AMBIENTALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2022. | Basham).
Por su parte, señaló que en el Estado de Querétaro en el ejercicio fiscal de 2022 los contribuyentes tendrán que determinar la base de los contaminantes (emisiones de gases y compuestos), sobre los cuales se pagará este impuesto a partir de 2023.

Como crítica, Francisco Matus señaló que algunos estados no han atendido el principio universal de compensación que rigen las políticas mundiales y de México sobre el cambio climático. Así, en su opinión, los impuestos estatales deberían permitir disminuir de la base de esos impuestos, las acciones llevadas a cabo por los contribuyentes para la compensación de emisiones (compra de bonos de carbono, créditos de carbono, entre otros).

Finalmente, destacó que, en los próximos años, la mayoría de las Entidades Federativas contará con este tipo impuesto, es decir, con impuestos ecológicos, por lo que será necesario que las empresas se asesoren con los expertos sobre estos temas.

Francisco Matus
Basham Ringe y Correa, S.C.