El pasado 30 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 9 artículos transitorios.
La exposición de motivos establece entre otros los siguientes objetivos:

1. Recuperar la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal
   de Electricidad (CFE), que se convierte en un mecanismo de Estado.
2. La CFE preservará la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el
   abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población para garantizar el
   derecho humano a la vida digna.
3. Establecer la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, incorporando la
   generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía
   eléctrica como procesos indivisibles.
   Para ello, se incluyen en la Iniciativa las siguientes medidas, entre otras:
4. CFE y Pemex se convierten en organismos del Estado, eliminando el concepto de
   empresas productivas del Estado.
5. Se incorpora el litio como un mineral no concesionable.
6. La electricidad incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y
   abastecimiento (comercialización), le corresponde exclusivamente a la Nación. Se
   convierten en monopolio legal dichas actividades.
7. La CFE se convierte en el responsable de la electricidad y del Sistema Eléctrico Nacional,
   así como de su planeación y control.
8. Se eliminan la CRE y la CNH.
9. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa con el
   sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.
10. Se suprime la separación legal de las empresas subsidiarias y filiales de la CFE.
11. CENACE se reincorpora a la CFE.
12. CFE queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito
    económico.
13. La CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las
    tarifas para usuarios finales.
14. Se cancelan los Certificados de Energías Limpias.
15. La CRE y la CNH se suprimen y su estructura y atribuciones se incorporan a la SENER.
16. Sobre las centrales del sector privado, se anulan los modelos de:
    a. Centrales de productores independientes;

b. Subastas de largo plazo;
c. Centrales construidas a partir de la reforma energética de 2013
d. Centrales de autoabastecimiento auténtico.
e. Los permisos de autoabastecimiento y la generación excedente de PIEs.
Desde la perspectiva del IMEF, de aprobarse la Iniciativa se generarían situaciones negativas, tales
como:
1) La desaparición de la CRE y la CNH reduciría la transparencia y el sustento técnico de
decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas
a consideraciones políticas.
2) Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la
productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los
consumidores.
3) Se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos
eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros
competidores comerciales internacionales.
4) Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas
inversionistas con el Estado mexicano.
5) Se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la
vulnerabilidad de nuestro estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir
en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento.
6) Rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de
energía, afectando la salud de los mexicanos.
7) Se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su
vulnerabilidad.
8) Se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado
mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato
no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte
de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano
y reduciría la capacidad operativa de la CFE.
Por lo anterior, el IMEF reitera que la aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está
planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias
mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional.
Por todo ello, nuevamente exhortamos al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a analizar a fondo los impactos de la Iniciativa, anteponiendo el interés de la nación a
consideraciones políticas y de esta forma, garantizar el respeto a nuestra Carta Magna.