AMLO envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos en el que busca que Pemex controle el mercado de combustibles.

De nueva cuenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca que las empresas productivas del estado controlen los mercados en los que operan.

El mandatario envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos en el que busca que Pemex, controle la importación, distribución, comercialización y precio de los combustibles.

La propuesta propone que la Secretaría de Energía (SENER) suspenda los permisos de importación, distribución y comercialización de petrolíferos de privados con el argumento de garantizar los “Intereses de la Nación”.

Los cambios más relevantes a los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 ordenan que los permisos para cualquier actividad estén sujetos a que se demuestre que se cuenta con el almacenamiento de cinco días en gasolina y diésel y 1.5 días en turbosina, pudiendo satisfacer 50% de este volumen arrendando otras terminales. 

En la iniciativa resalta que se estableció como un sexto transitorio que a la entrada en vigor de la misma se revocarán los permisos sobre los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infringen disposiciones. 

La pérdida del mercado de Pemex se refleja también en la comercialización al público de combustibles, ya que desde que se abrió el mercado de combustibles en 2016, los puntos de venta de la franquicia Pemex pasaron de 11,876 en 2016 a 7,468 en 2020, una reducción de 4,408 puntos de venta, el equivalente al 37% del mercado.

Al 31 de diciembre del 2020, la estatal reportó la operación de 7,468 estaciones de servicio bajo la Franquicia Pemex, lo que implicó una reducción de 13.1% respecto a las 8,593 del cuarto trimestre del año anterior. Al llegar al cierre del año, la estatal perdió 1,125 puntos de venta.

El proyecto sugiere enmendar cinco artículos e introducir uno nuevo, el 59 Bis, para ordenar que la Sener y la CRE podrán suspender los permisos expedidos cuando exista un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.

El artículo tercero transitorio del proyecto presidencial refiere que todos los permisionarios que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica y derechos podrán solicitar el pago de sus afectaciones correspondientes.