Tras la clausura de su terminal de combustibles en Tuxpan hace cinco meses, Monterra Energy y Monterra Energy Holdings (en conjunto, “Monterra”) presentaron una Notificación con la Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje (“Notificación de intención”) al Gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de la terminal de importación de combustibles de Monterra en el puerto de Tuxpan, Veracruz, negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El capitulo 11 del TCLAN establece mecanismos claros para la indemnización de compañías estadounidenses a través de un proceso de arbitraje internacional si un proceso inicial de consultas no resuelve el asunto de manera satisfactoria. En la Notificación de intención, Monterra indica que sus daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente $667 millones de dólares.

Monterra es una de varias compañías estadounidenses cuyas operaciones han sido clausuradas por el Gobierno de México. Dichas clausuras también bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados. Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el Gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”, apuntó Arturo Vivar, CEO de Monterra.  

Monterra ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio. Las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

La terminal de Monterra en Tuxpan (“Servitux”) recibió un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018. La CRE realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación. En julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de “dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento”.

Muy tarde en la noche del 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). La inspección dio lugar a una clausura temporal sin ninguna justificación judicial. La terminal permanece clausurada desde entonces. Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos.

La Orden de Clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE. La empresa presentó toda la evidencia y documentación requeridos durante los últimos dos años. Aunque Servitux ha presentado elementos adicionales desde la fecha de clausura, la CRE simplemente no ha respondido.

Las acciones contra Monterra tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del Gobierno de México, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de productos petroleros por compañías extranjeras, a fin de restaurar a la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la posición de monopolio que tenía hasta las reformas promulgadas en 2013.

Monterra ha presentado múltiples ofrecimientos al Gobierno de México para resolver la situación de manera colaborativa. México ha rechazado todas ellas.

Las acciones de México, a través de la CRE, ASEA y la Secretaría de Energía (SENER), entre otras instituciones, violan varias provisiones del TCLAN, el derecho internacional y la ley mexicana con respeto a Monterra.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) prevé en Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes (legacy investments) como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN. Las clausulas que México ha violado incluyen las relativas al trato acorde con el derecho internacional (nivel mínimo de trato), expropiación, trato nacional y trato de nación más favorecida. Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional. Dado su deseo de alcanzar una resolución amistosa, Monterra hace un llamado a México a resolver la disputa antes de llegar a arbitraje. Si las negociaciones no fueran exitosas, Monterra no tendrá alternativa a someter el caso a arbitraje y solicitar reparaciones, incluyendo por daños financieros, así como posiblemente la aplicación de medidas precautorias.