La Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, al estar relacionado a la “Estafa Maestra”.

En un comunicado, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

“Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”, indicó la dependencia

“Con dicha conducta, la persona servidora pública que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos”, informó la SFP.

La resolución derivó de las acciones iniciadas en la actual administración, en cumplimiento con la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar a quienes son funcionarios de su Gobierno y estuvieron relacionados con el esquema de desvío de recursos conocido como “Estafa Maestra”.

“Las personas servidoras públicas estamos obligadas a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos. En la Función Pública seguiremos cumpliendo con nuestra tarea de verificar la evolución patrimonial de quienes ostentan un cargo público y de sancionar conductas que constituyan faltas administrativas”, explicó Sandoval.

En los dos primeros años de esta administración actual se generaron ya 231 expedientes de responsabilidades, vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, en estas 90 ya concluyeron y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.