Entre los grandes desafíos que enfrenta el sector, destacan la pobreza y justicia energética, dos conceptos clave que definirán las decisiones y acciones durante el resto de este siglo.
Por: Horacio Montoya Key
Desde mi particular perspectiva, estimo que actualmente México tiene frente a sí retos cuya naturaleza y dimensión no habíamos visto en décadas. Las decisiones que se están tomando definirán el curso del país por lo que resta del siglo XXI.
Concretamente en el sector energía, uno de los grandes retos consiste en asegurar la disponibilidad y el acceso a recursos energéticos a toda la población, especialmente para aquellos que menos tienen. En este contexto, surgen dos conceptos: pobreza energética y justicia energética.
Para Ana Lilia Moreno de México Evalúa (Vivir a oscuras: la pobreza energética en México, México Evalúa, México, 2021), la pobreza energética es un término multidimensional que implica que los hogares presentan situaciones de carencia de los servicios energéticos mínimos para el desarrollo. De acuerdo con la autora, hasta hace algunos años, la presencia de la pobreza energética estaba oculta en el marco normativo y en el discurso político, aun cuando era muy visible en los hechos.
De igual forma, en el año 2023, Óscar Ocampo del Instituto Mexicano para la Competitividad (Hablemos sobre pobreza energética, IMCO, México 2023) sostenía que la pobreza energética era algo que estaba fuera de la agenda pública, a pesar de que las estimaciones disponibles señalaban que entre 36 y 37% de la población mexicana se encontraba en dicha condición de vulnerabilidad.
Coincido que este problema estuvo fuera de la agenda gubernamental, incluso después de la reforma energética de 2013-2014, que pretendía asegurar el acceso a recursos energéticos a precios asequibles para todos los mexicanos, para lo cual se liberaron las actividades del sector con un enfoque de mercado y se intentó acotar a las empresas del gobierno, antes titulares de los monopolios estatales.
Lo anterior cambió a partir de la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024 y de la expedición de las nuevas leyes secundarias del sector energía, en las que finalmente se incorporan como conceptos y premisas la atención prioritaria de la pobreza energética y la realización de acciones y actividades en materia de justicia energética
Por ejemplo, en la Ley del Sector Eléctrico y en la Ley de Planeación y Transición Energéticas, se define “pobreza energética” como la situación que ocurre cuando en una vivienda no se alcanza a satisfacer una o más necesidades energéticas básicas, como son el calentamiento de agua, cocción y conservación de alimentos e iluminación, debido a sus condiciones de ingresos y carencias sociales.
Por su parte, se entiende por “justicia energética” a las acciones y actividades encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable.
Para la Doctora María del Carmen Carmona Lara (Hacia un enfoque integrado de justicia energética en México: agua y energía los retos del futuro. Aspectos jurídicos, en Aproximaciones comparadas sobre el sector eléctrico en Iberoamérica, México, UNAM-IIJ, 2022), justicia energética es un concepto que busca aplicar principios de justicia a la política energética y, como concepto, engloba al agua y a la energía.
En este contexto, a partir de este gobierno, pobreza energética y justicia energética finalmente forman parte de la política energética y, con base en ella, serán consideradas en la toma de decisiones gubernamentales.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el Eje 4 Desarrollo Sustentable, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado en claro que, a pesar de los avances en el suministro eléctrico y la autosuficiencia en hidrocarburos, persisten desigualdades en el acceso y el costo de los servicios energéticos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Para la presidenta de México, la justicia energética debe convertirse en un pilar del desarrollo nacional, lo que implica ampliar la cobertura y el acceso a la energía, especialmente en comunidades marginadas, asegurando que todas las regiones del país cuenten con fuentes de energía limpias y sostenibles.
De esta manera, tenemos que si hace un par de años, pobreza energética y justicia energética no estaban en la agenda pública, ahora ambos conceptos, junto con la soberanía, seguridad y autosuficiencia energéticas, se constituyen como principios fundamentales de la política energética y, a través de la planeación vinculante que emitirá la Secretaría de Energía, articularán la toma de decisiones de las autoridades, guiarán la actuación de las empresas públicas y, sin duda, incidirán en la forma en que se autoricen los proyectos del sector privado, con independencia de que esos proyectos se realicen para el mercado o para ser ejecutados en conjunto con las empresas estatales.
