En México existen 481 lugares con derrames de hidrocarburos activos, es decir, zonas en las que el residuo sigue sin ser completamente remediado, de acuerdo con datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) al corte del 12 de octubre de 2025. Esta cifra pone en evidencia un reto persistente para la salud ambiental, la gestión de residuos peligrosos y la transparencia institucional.
El mapa de la contaminación: dónde se concentran los focos
Según el reporte de la ASEA, los estados con mayor número de sitios activos de derrame son:
- Veracruz, con 41 puntos,
- Chihuahua, con 39,
- Sonora, con 29.
Estos tres estados acumulan más del 22 % del total nacional, lo que revela una concentración geográfica que exige especial atención. El término “activo” se refiere a que los residuos aún no han culminado los procesos de limpieza, restauración o seguridad exigibles, lo que implica prolongadas afectaciones a ecosistemas y comunidades.
Las implicaciones del estancamiento en la remediación
Cuando un derrame permanece sin tratamiento completo, las implicaciones son múltiples.
- El suelo y el agua sufren infiltraciones tóxicas que pueden afectar la calidad del agua subterránea, conductos agrícolas y fuentes de abastecimiento humano.
- Se amplifica el riesgo de incendios, liberación de vapores y daños a la salud de poblaciones cercanas.
- Se erosiona la confianza pública en los mecanismos de regulación ambiental.
El hecho de que 481 sitios aún estén en esta condición da cuenta de que los mecanismos de remediación —ya sean de carácter estatal, federal o privado— no están resolviendo la totalidad del problema de forma oportuna. En una época (2025) donde la transición energética y la conservación ambiental son prioritarias, esta cifra parece incompatible con los compromisos internacionales de México.
Causas y elementos estructurales
Diversos factores explican por qué persisten los derrames activos:
- Ineficacia o falta de velocidad en los procedimientos de remedio por parte de las empresas o el gobierno.
- Carencia de recursos técnicos o financieros para intervenir en zonas de difícil acceso.
- El carácter mixto de muchos sitios: pueden involucrar oleoductos, estaciones de servicio, operaciones de transporte o almacenamiento, cada uno con regulaciones y responsables distintos.
- Fallas de supervisión y sanción: que permiten que los residuos permanezcan sin tratamiento prolongadamente.
Por ejemplo, el estado de Veracruz, al encabezar el listado de 41 sitios, representa un caso emblemático: una zona con alta actividad petrolera, complejidad logística, población vulnerable y retos de gobernanza. El retraso en la remediación en ese estado sugiere un círculo de riesgo ambiental y social.
¿Qué se está haciendo y qué falta?
La ASEA monitorea y publica datos sobre derrames, lo cual contribuye a la visibilidad del problema. Sin embargo, visibilizar no equivale a resolver. Los pasos urgentes que se requieren incluyen:
- Priorización de los sitios más riesgosos para la salud o el ambiente.
- Buena coordinación entre autoridades federales, estatales y operadores privados.
- Transparencia pública sobre los avances, plazos, responsables y sanciones.
- Inversión en tecnologías y procesos de remediación de alto impacto.
- Participación ciudadana y monitoreo independiente que asegure que no quede sin atención un derrame activo.
Desde 2024-2025, en el contexto global de cambio climático y la transición energética, es cada vez más relevante que México demuestre capacidad para gestionar legados de contaminación de forma eficiente. Mantener casi 500 sitios activos para remediación plantea una barrera para la credibilidad del país en materia ambiental.
Perspectivas hacia 2026 y más allá
De mantenerse el ritmo actual, es probable que la meta de cierre de estos sitios se extienda más allá del plazo deseable. Sin una aceleración sustancial, podrían surgir nuevos costos indirectos: mayores afectaciones a la biodiversidad, mayor carga para los sistemas públicos de salud, y riesgos de sanciones o pérdida de inversiones de parte de mercados que valoran la sustentabilidad.
La frase clave aquí es “imprescindible conocer la magnitud de los derrames de hidrocarburos en México”. La visibilidad del problema es el primer paso para articular soluciones efectivas. Para lograrlo, las autoridades, el sector privado y la sociedad deben converger en un esquema de acción donde los resultados sean medibles, oportunos y transparentes. De lo contrario, México arriesga quedar rezagado en la agenda ambiental global y pagar un alto costo ecológico y social.
La capacidad de remediar esos 481 sitios activos no es solo un desafío técnico, sino una prueba de la voluntad institucional y de la eficacia operativa del país.
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