La FGR abrió la causa penal 495/2025 contra Rocha Cantú y otras 12 personas por delitos de delincuencia organizada: tráfico de hidrocarburos, conocido como huachicol, armas y drogas, de acuerdo con información detallada de una investigación por parte de Latinus.
La carpeta de investigación se originó por una denuncia anónima presentada el 29 de noviembre de 2024. Según el expediente, la red criminal introducía combustible ilegal desde Guatemala hacia territorio mexicano, atravesando lanchas por el río Usumacinta, para luego trasladarlo en pipas desde Chiapas y Tabasco hacia centros logísticos en Querétaro.
Para garantizar la circulación del huachicol sin ser detectados, la red pagaba sobornos a autoridades de la FGR: 80 centavos por litro a elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Además, entregaban 18 centavos por litro a ministerios públicos adscritos a la misma unidad.
El expediente revelado por Latinus destaca estos pagos como parte esencial del esquema de impunidad
¿Cómo operaba la red?
El combustible ilegal era transportado en balsas cruzando el río Usumacinta desde Guatemala. Una vez en territorio nacional, se usaban pipas de agua y bidones de 20 mil litros para mover el hidrocarburo. Los puntos logísticos identificados están en Querétaro, aunque la operación abarcaba estados como Chiapas, Tabasco, Villahermosa, entre otros. Parte del combustible robado presuntamente fue vendido tanto a gasolineras como al transporte público: por ejemplo, al sistema Mexibús del Estado de México.
El 15 de noviembre de 2025 un juez federal emitió la orden de aprehensión contra Rocha Cantú y sus cómplices. No obstante, días después Rocha Cantú se presentó ante la FEMDO y solicitó acogerse al mecanismo de “criterio de oportunidad”, es decir, convertirse en testigo colaborador. Con ello, la orden de captura quedó suspendida mientras coopera con la Fiscalía, aportando información sobre la red.
La resonancia mediática del caso se intensificó por la relación de Rocha Cantú con el certamen Miss Universo: como su propietario era una figura pública, prácticamente de gala, lo que contrasta drásticamente con las acusaciones que ahora enfrenta.
Lo que empieza como una investigación de delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de armas, termina revelando una operación compleja de robo y contrabando de combustible con corrupción interna de autoridades, compra de impunidad y venta de “huachicol” incluso en servicios públicos de transporte.
Este caso expone nuevamente los riesgos estructurales del huachicol: no solo por el impacto económico o ambiental, sino por cómo la infiltración del crimen en instituciones puede desdibujar las fronteras entre impunidad, corrupción y complicidad.
