Las filiales de Pemex y CFE están obligadas a publicar información detallada sobre sus contratos y estados financieros, tanto en México como en el extranjero. Esta medida busca ampliar la transparencia en las empresas estatales.
Decreto presidencial establece nuevas obligaciones de transparencia
La Presidencia de la República publicó el martes un decreto que obliga por primera vez a las empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a publicar de manera proactiva información relevante. Entre los datos a divulgar se encuentran estados financieros, contratos y actas corporativas, tanto de operaciones nacionales como internacionales.
El decreto instruye a estos sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal a actualizar mensualmente dicha información en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta obligación está respaldada por el artículo 65, fracción XXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Contenido y alcance de la información a publicar
El artículo 65 mencionado incluye 46 fracciones, pero el decreto se enfoca en la fracción XXVI, que exige la publicación de resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación, así como la versión pública de expedientes y contratos celebrados.
Además, la actualización de esta información debe realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de cada mes, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Empresas filiales y su presencia internacional
Pemex cuenta con 34 empresas filiales, de las cuales 24 operan en México y las restantes en Estados Unidos, España, Irlanda, Países Bajos y Suiza. Por su parte, CFE tiene filiales como CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital.
Obligaciones específicas para las filiales
Según el artículo tercero del decreto, las filiales deben publicar:
- Estados financieros.
- Informes financieros, administrativos, operativos, económicos y jurídicos, incluyendo traducciones al español si son en otro idioma.
- Actas de asambleas relacionadas con creación, fusión o escisión.
- Actas constitutivas con datos como país, fecha de constitución, participación accionaria y objeto social.
- Información del gobierno corporativo, incluyendo datos del personal representante, miembros del Consejo de Administración y directivos.
- Directrices, políticas, procedimientos y disposiciones sobre operación, vigilancia y evaluación de desempeño.
- Políticas de recursos humanos, remuneraciones y austeridad.
- Contratos celebrados en México y en el extranjero.
La responsabilidad de cumplir con estas obligaciones recae en los Consejos de Administración de las empresas filiales.
Fiscalización y plazos para la implementación
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la dirección de Raquel Buenrostro Sánchez, será la encargada de fiscalizar el cumplimiento y administrar la Plataforma Nacional de Transparencia.
El decreto entrará en vigor el 5 de agosto, pero concede un plazo de 90 días para que el organismo Transparencia para el Pueblo establezca los criterios técnicos y formatos específicos para la publicación de la información.
Una vez disponibles estos formatos, los sujetos obligados tendrán 30 días hábiles para publicar la información requerida, según lo estipulado en el artículo segundo transitorio del decreto.
