Una crisis de suministro no comienza cuando se forman filas en las estaciones de servicio. Comienza antes: cuando se acumulan señales de alerta y nadie las conecta.
Hoy esas señales están frente a nosotros.
El mercado internacional de petrolíferos atraviesa uno de sus periodos de mayor volatilidad. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, las afectaciones a infraestructura energética en Medio Oriente y Rusia, la disminución de inventarios y la presión sobre las refinerías han provocado una escalada particularmente grave en el precio del diésel.
El análisis elaborado por el Comité Técnico Nacional de Infraestructura y Energía del IMEF advierte que el precio promedio estimado de importación del diésel para México aumentó 9% entre 2025 y los primeros ocho meses de 2026. Sin embargo, el dato más preocupante no es únicamente el precio: su volatilidad creció 150%.
México no produce todavía todos los combustibles que consume. Tanto Petróleos Mexicanos como empresas privadas complementan el suministro nacional mediante importaciones, cuya principal fuente es el mercado estadounidense. Por eso, lo que suceda con el diésel en Estados Unidos no es un asunto ajeno: puede convertirse rápidamente en un problema mexicano.
La advertencia más reciente provino del líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, John Thune, quien señaló estar “abierto a explorar” una posible prohibición a las exportaciones de diésel para reducir la presión sobre los precios internos. No existe todavía una decisión ni una propuesta aprobada, y el propio secretario del Interior, Doug Burgum, ha cuestionado que una prohibición consiga bajar los precios. Sin embargo, que una medida de esta naturaleza ya se discuta al más alto nivel político debe encender las alertas en México.
La amenaza no consiste solamente en que el combustible se encarezca. El verdadero riesgo es que, ante una emergencia doméstica, Estados Unidos privilegie su mercado interno y reduzca, limite o condicione sus exportaciones.
Cinco días no son una estrategia nacional
México cuenta desde 2017 con una Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. Su diseño original buscaba desarrollar infraestructura y construir inventarios capaces de responder ante interrupciones del suministro.
Sin embargo, la política fue flexibilizada. La modificación publicada en diciembre de 2019 redujo la obligación para gasolinas y diésel a un volumen equivalente a cinco días de ventas y permitió que parte de su cumplimiento se acreditara mediante mecanismos financieros conocidos como tickets. La obligación recae principalmente en los comercializadores y distribuidores que venden a estaciones de servicio o usuarios finales.
Cinco días pueden ser suficientes para administrar una interrupción logística menor. Difícilmente constituyen una protección adecuada frente a una restricción internacional prolongada, una disrupción simultánea de rutas de suministro o una competencia global por producto disponible.
Además, no existe información pública suficientemente clara, actualizada y desagregada que permita conocer cuántos días efectivos de inventario tiene México por producto y por región. La política establece una obligación normativa, pero eso no significa automáticamente que el país cuente materialmente con cinco días utilizables, disponibles en el lugar correcto y acompañados de la logística necesaria para liberarlos.
El precio también afecta la seguridad del suministro
A esta fragilidad se suma el acuerdo voluntario para contener el precio de la gasolina regular y del diésel.
Proteger a los consumidores y contener la inflación son objetivos legítimos. El problema surge cuando el precio internacional aumenta, los costos logísticos se encarecen y el precio final permanece contenido. En esas condiciones, el margen de comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio se comprime, mientras el costo de mantener inventarios crece.
Almacenar combustible exige comprarlo anticipadamente, financiarlo, contratar capacidad y asumir riesgos de precio. Si mantener inventarios genera un costo que el mercado no permite recuperar, el incentivo económico consiste precisamente en reducirlos.
Así aparece la contradicción: pedimos a los participantes del mercado que fortalezcan los inventarios, pero simultáneamente reducimos su capacidad financiera para hacerlo.
El estímulo al IEPS ha funcionado como amortiguador, pero también representa un costo fiscal creciente. De acuerdo con el análisis del IMEF, los estímulos otorgados desde marzo de 2026 ya superaban los 47,300 millones de pesos al cierre de junio. Si la volatilidad continúa, el Gobierno tendrá que decidir cuánto tiempo puede sostener ese escudo fiscal.
“Prepararse no es generar alarma. Es evitar que una contingencia se convierta en una crisis nacional.”
Prepararse no es generar alarma
México no debe esperar a que Estados Unidos anuncie una restricción para comenzar a evaluar sus consecuencias.
La nueva Ley del Sector Hidrocarburos encomienda expresamente a la Secretaría de Energía determinar la política aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro. También le permite establecer las medidas que deben cumplir los permisionarios e instruir a las empresas públicas para proteger la seguridad energética nacional.
El antiguo Consejo de Coordinación del Sector Energético, mencionado todavía en la Política de Almacenamiento de 2019, desapareció jurídicamente con la reforma de 2025. Por ello, corresponde a la Secretaría de Energía y al actual Consejo de Planeación Energética construir un mecanismo de coordinación para esta contingencia.
Ese análisis debe incorporar a Pemex, la Comisión Nacional de Energía, Hacienda, Economía, importadores, comercializadores, almacenistas, distribuidores, transportistas, gasolineros y representantes de los sectores productivos que dependen especialmente del diésel.
México necesita, desde ahora:
- Conocer y publicar los inventarios efectivos de gasolina y diésel por región.
- Elaborar escenarios ante una reducción parcial o total de las exportaciones estadounidenses.
- Identificar fuentes alternativas de importación y sus tiempos logísticos.
- Revisar si la obligación de cinco días sigue siendo suficiente.
- Establecer criterios para liberar inventarios estratégicos.
- Definir prioridades de suministro para transporte de alimentos, servicios de emergencia,
campo, industria e infraestructura crítica. - Preparar medidas temporales de administración de la demanda, que podrían incluir trabajo a
distancia, reducción de traslados no esenciales o, únicamente en escenarios extremos,
esquemas ordenados de racionamiento. - Comunicar oportunamente al mercado para evitar compras de pánico y decisiones
descoordinadas.
Una advertencia para las estaciones de servicio
Los grupos gasolineros tampoco deben permanecer pasivos. Sin caer en compras especulativas, conviene revisar sus niveles de inventario, programación de entregas, capacidad segura de almacenamiento, contratos de suministro, fuentes alternativas, necesidades de capital de trabajo y protocolos de comunicación con clientes.
Tener los tanques prudentemente abastecidos no resolverá una crisis nacional, pero puede dar tiempo para reaccionar ante una interrupción logística y proteger la continuidad de cada operación.
No se trata de anunciar que el desabasto es inevitable. Se trata de reconocer que existe un riesgo creíble y actuar antes de que se materialice.
La seguridad energética no se construye durante una emergencia. Se construye antes, con inventarios, infraestructura, información, coordinación y reglas claras.
México todavía está a tiempo de evitar la tormenta perfecta. Pero para lograrlo, primero tiene que admitir que las nubes ya están sobre nosotros.
