La apertura de campos marginales en colaboración con empresas privadas podría marcar un punto de inflexión en el modelo energético de México, aunque los resultados operativos aún son mínimos.
El anuncio sobre la participación de empresas privadas en la reapertura de pozos petroleros por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado diversas reacciones en el sector energético.
Aunque el volumen de producción proyectado es modesto, esta medida es vista por especialistas como una estrategia para probar el nuevo marco legal sin comprometer significativamente la operación ni las finanzas de la empresa productiva del Estado.
Santiago Arroyo, consultor y director general de Ursus Energy, señaló que el proyecto tiene un valor estratégico más que operativo:
“Lo veo como el inicio de algo, con la finalidad de poner a prueba el nuevo andamiaje legal sin someter a Pemex a presiones innecesarias en materia financiera, legal y regulatoria», afirmó.
Pemex informó recientemente que se reabrirán pozos inactivos en campos maduros mediante un esquema de colaboración con consorcios privados, que podría implicar contratos de servicios similares a los conocidos como CSIEE (Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción). La estrategia busca despresurizar la dependencia de los campos actuales que están en declive productivo.
Producción limitada, impacto bajo
El volumen anunciado es de 13 mil barriles diarios, lo que representa menos del 1% de la producción nacional diaria de crudo, que ronda actualmente los 1.8 millones de barriles diarios. Desde la perspectiva de expertos del sector, este volumen resulta prácticamente irrelevante en términos de impacto inmediato.
“Desde el espectro operativo es insuficiente. Dentro de una perspectiva del tamaño de Pemex, resulta poco relevante e incluso criticable para quienes están acostumbrados a los estándares de la industria”, explicó Arroyo.
Opacidad y falta de claridad contractual
Una de las críticas más persistentes hacia el programa piloto es la falta de transparencia. No se han revelado los términos bajo los cuales operarán los consorcios privados ni los detalles de los contratos. Tampoco se ha confirmado si se tratará de un modelo de pago por producción, como ha sido el estándar desde la reforma energética de 2013.
“La falta de transparencia será un elemento a favor de quienes han criticado las acciones del gobierno y de Pemex. Además, no se conocen los términos y condiciones contractuales”, agregó Arroyo.
Riesgos para las empresas participantes
Aunque el modelo parece ofrecer cierto nivel de seguridad para las empresas privadas —ya que, según la ley, no se paga si no hay producción—, el especialista advierte sobre los riesgos de falta de pago a proveedores ante la delicada situación financiera de Pemex.
¿Un programa piloto para algo mayor?
A pesar de las dudas, Arroyo considera que esta acción podría ser parte de una estrategia más amplia a implementarse en el mediano plazo:
“Es una estrategia bastante pragmática. Me atrevería a decir que es un ‘piloto’ que podría replicarse con cifras más representativas para la industria en términos de inversión y producción”, concluyó.
Contexto: la apertura energética bajo presión
Este movimiento ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha reafirmado su apuesta por el fortalecimiento del papel del Estado en el sector energético, al tiempo que busca atraer inversión privada bajo esquemas controlados. La apertura parcial de estos campos podría representar un cambio táctico más que ideológico, con el objetivo de revitalizar áreas de baja rentabilidad sin arriesgar capital público.
Hasta ahora, ni Pemex ni la administración federal han ofrecido detalles completos sobre la operación, cronograma o licitaciones específicas, lo que mantiene al sector en expectativa sobre la verdadera escala y rumbo de esta estrategia.
