En 2020, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compró 1.58 millones de toneladas de carbón a través de 60 adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila. Esta compra se hizo por órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que así se favorecería la reactivación económica de la zona, en el contexto de las afectaciones por la pandemia de covid-19. Sin embargo, esta compra fue contraria al mandato u objetivo principal de la CFE, que es la generación de valor económico y rentabilidad con responsabilidad ambiental, señala un documento publicado hoy por la organización México Evalúa.

Las compras en la CFE no son un tema menor: en 2020, la proporción del gasto de la CFE en contratos de obras, bienes y servicios respecto del total de su gasto fue del 10.71%, equivalente a 50.6 miles de millones de pesos. Por ello, México Evalúa examinó el cumplimiento de las prácticas anticorrupción de la Comisión a la luz de las mejores prácticas internacionales y la propia normatividad de la empresa. A partir de información pública disponible, detectó problemáticas específicas en el proceso de compra y de toma de decisiones en la CFE. Algunas de ellas son:

• Intervención política irresponsable y falta de procesos de análisis para llevar a cabo la compra. No existe ninguna disposición legal que obligue a la empresa a acatar órdenes del presidente de la República: es el Consejo de Administración de CFE quien debe tomar las decisiones al más alto nivel en la empresa. Sin embargo, la compra de carbón se realizó sin un análisis adecuado por parte de este órgano.
• Falta de información y rendición de cuentas. Documentos como la convocatoria general, el estudio de mercado, las manifestaciones de impacto social y ambiental, y las propuestas de otros proveedores no fueron publicados. Además, el Senado aprobó un dictamen para realizar una solicitud a CFE de un informe detallado sobre el estado de las compras de carbón a los productores de Coahuila pero, al final, de acuerdo con información verificada por México Evalúa vía solicitudes de información al Senado y a la CFE, el procedimiento administrativo correspondiente a dicha petición no se realizó, por lo que no se emitió por escrito y, por ende, la CFE no tuvo obligación de pronunciarse al respecto.
• Ausencia de supervisión y evaluación de riesgos anticorrupción. Desde su aprobación en 2019 no se ha publicado ningún reporte de resultados sobre la implementación del Programa Anticorrupción de la CFE. Al preguntar a la CFE al respecto, no se obtuvo evidencia de que existiera reporte o informe alguno sobre su desempeño en materia de anticorrupción.

El documento destaca también que la Auditoría Superior de la Federación evidenció en la Cuenta Pública 2019 problemas en los contratos de carbón de la CFE, como inconsistencia en las cláusulas, modificaciones sin formalización y problemas en la calibración de las balanzas al pesar el carbón. Además, al menos 43 mineras contratistas de CFE han sido señaladas por medios de comunicación y organizaciones civiles por negligencia en la extracción, trabajo infantil, incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad, ocasionando, incluso, la muerte de trabajadores en la cadena de proveeduría de la CFE.

A pesar de esta serie de advertencias, no hay evidencia de la implementación eficaz de una estrategia por parte de CFE en materia anticorrupción. Así lo concluye la revisión exhaustiva a los documentos de acceso público de la Comisión, que no proporcionó evidencia de lo contrario ante el cuestionamiento de México Evalúa.

Ante esta serie de problemáticas, México Evalúa recomienda que el Consejo de Administración de CFE incorpore estas consideraciones en sus riesgos estratégicos, para que puedan analizarse e impulsar la construcción de una CFE verdaderamente fuerte y comprometida con la lucha anticorrupción. Asimismo, exhorta al Consejo a tomar con seriedad la gravedad de los riesgos potenciales de corrupción a los que se enfrenta la CFE, y dar el debido seguimiento y cumplimiento del programa anticorrupción a la luz de las mejores prácticas y con los más altos estándares en materia de anticorrupción e integridad pública.