México en la ruta del riesgo digital
La energía en México es un sector estratégico y, al mismo tiempo, un blanco vulnerable. La operación de refinerías, redes eléctricas y parques renovables depende de sistemas digitales cada vez más interconectados. Esa digitalización ha traído eficiencia, pero también expone a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los nuevos actores privados a un riesgo creciente: el de los ciberataques.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de México (INCIBE-Mx) informó que en 2024 el 40% de los intentos de ciberataques se dirigieron contra infraestructura crítica, con el sector energético como el más afectado. Esta cifra coloca al país en una posición de alta vulnerabilidad, en un contexto global donde los ataques a oleoductos, refinerías y redes eléctricas se han convertido en un problema de seguridad nacional.
Refinerías: el eslabón débil de Pemex
Pemex opera seis refinerías en México, muchas de ellas con sistemas SCADA y OT instalados hace más de dos décadas. Aunque se han realizado modernizaciones parciales, especialistas señalan que persisten brechas críticas.
En 2024 un informe de agencias especializadas advirtió que los sistemas de control en varias refinerías “no cumplen con protocolos avanzados de seguridad digital”. Estas vulnerabilidades las convierten en blancos potenciales de malware diseñado para interrumpir procesos industriales.
Un ataque exitoso a una refinería podría paralizar la producción de combustibles y provocar desabasto temporal, con impactos inmediatos en transporte, logística y actividad económica.
Redes eléctricas: riesgo de apagones masivos
La CFE administra una de las redes eléctricas más grandes de América Latina. Su tamaño y complejidad la convierten en un objetivo atractivo para actores maliciosos.
La propia empresa reconoció en su Informe Anual 2023 que existen “amenazas latentes en el ámbito digital que podrían afectar la continuidad del servicio eléctrico”. En la práctica, esto significa que un ataque coordinado podría desencadenar apagones masivos, con costos diarios estimados en 500 millones de dólares, según cálculos de la AME.
El caso de Ucrania en 2023, donde ataques digitales provocaron cortes de luz en medio del conflicto bélico, sirve como advertencia. México no enfrenta una guerra, pero su infraestructura es igualmente vulnerable si no se adoptan medidas de blindaje digital.
Renovables: un frente emergente de ataque
La transición energética en México avanza con fuerza: proyectos solares en Sonora, parques eólicos en Oaxaca y nuevas inversiones privadas en almacenamiento con baterías. Sin embargo, este sector emergente enfrenta riesgos adicionales.
- Parques solares y eólicos: muchos operan con sistemas de monitoreo conectados a internet, sin protocolos unificados de seguridad.
- Almacenamiento con baterías: depende de software crítico susceptible a ataques de ransomware.
- Redes inteligentes (smart grids): proyectos piloto en Nuevo León y Jalisco incorporan digitalización avanzada, pero aún sin marcos normativos sólidos.
La falta de lineamientos obligatorios coloca a este sector en una situación de exposición elevada. Un ciberataque masivo no solo detendría operaciones, sino que pondría en duda la viabilidad de la transición energética.
Casos que deben servir de alerta
México aún no ha experimentado un ataque cibernético de gran magnitud en el sector energético, pero existen precedentes regionales que muestran lo que podría suceder:
- Costa Rica (2022): el ransomware de Conti afectó la distribución eléctrica, provocando apagones y pérdidas económicas.
- Brasil (2023): intentos de intrusión en redes eléctricas revelaron brechas en sistemas de control industrial.
- Chile (2024): reportó intentos de ataque a plantas solares, según datos de la Agencia Nacional de Energía.
Estos episodios son recordatorios de que América Latina ya está en el radar de grupos criminales y actores geopolíticos que buscan explotar vulnerabilidades digitales.
Brechas en la regulación mexicana
A diferencia de Estados Unidos, que cuenta con la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), o de la Unión Europea, que ha implementado la directiva NIS2, México carece de un marco robusto de cumplimiento obligatorio.
La Ley de Seguridad Nacional contempla lineamientos generales sobre ciberseguridad, pero no establece obligaciones específicas para operadores energéticos. Esto genera un vacío legal que limita la capacidad del Estado para exigir inversiones en blindaje digital.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha emitido recomendaciones, pero su carácter no vinculante reduce su efectividad. La ausencia de una política clara coloca al país en desventaja frente a estándares internacionales.
El costo de no actuar
El impacto de un ciberataque en México sería devastador en múltiples dimensiones:
- Económico: pérdidas diarias de hasta USD 500 millones, según la AME.
- Social: apagones prolongados afectarían hospitales, transporte y servicios básicos.
- Político: un ataque exitoso pondría en entredicho la capacidad del Estado para garantizar seguridad energética.
- Geopolítico: México, como exportador de crudo y participante activo en el mercado energético de Norteamérica, vería afectada su credibilidad internacional.
En un país donde la energía es un pilar de la estabilidad económica, la ciberseguridad energética se convierte en un tema imprescindible, no solo técnico, sino también de soberanía nacional.
México ante una decisión crítica
La infraestructura energética mexicana enfrenta un dilema: continuar operando con vulnerabilidades heredadas o invertir en un blindaje digital que garantice resiliencia frente a amenazas crecientes.
El reto no puede postergarse. Cada día que pasa sin adoptar estándares internacionales, Pemex, CFE y el sector renovable se convierten en blancos más fáciles para ciberataques.
La experiencia internacional demuestra que la prevención es más barata que la reacción. México tiene frente a sí la oportunidad de anticiparse, establecer marcos regulatorios sólidos y formar talento especializado. La ciberseguridad energética no es un accesorio, es una necesidad imprescindible para el presente y el futuro de la nación.
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