El huachicol de gas LP en el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un repunte alarmante durante el primer trimestre de 2025, al duplicarse el volumen robado en comparación con el mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con un reporte interno de la petrolera, el volumen ordeñado pasó de 61 mil a 123 mil toneladas, lo que representó pérdidas económicas por mil 440 millones de pesos tan solo en el sistema de transporte Cactus-Guadalajara, el más importante del país para el traslado de este combustible.
El documento, fechado en julio, indica que el pico más alto de ordeña se observó en marzo, cuando se desviaron 40 mil 846 toneladas, generando un quebranto estimado de 16 millones de pesos diarios para la empresa productiva del Estado.
Menos tomas, más volumen robado
La paradoja de esta situación es que, aunque las tomas clandestinas se redujeron en 5.4% —al pasar de 296 a 280 perforaciones entre los primeros tres meses de 2024 y 2025—, el volumen de gas extraído de manera ilegal se duplicó, lo que indica un modus operandi más eficiente o a mayor escala por parte de las redes criminales.
El área de Regulación, Medición, Calidad, Balance y Desarrollo Comercial de Logística de Pemex informó que estas llamadas “Pérdidas No Operativas” ya fueron remitidas a la Gerencia Jurídico Penal para la elaboración de denuncias ante las autoridades correspondientes.
En cuanto a las tomas clandestinas, el informe detalla que en marzo se localizaron 134 perforaciones ilegales, de las cuales 116 fueron detectadas en Puebla, entidad que encabeza la lista de robo de gas LP. Los municipios más afectados son Tepeaca, San Salvador, Tlahuapan, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
En Tlaxcala, el problema se concentra en Calpulalpan, mientras que en el Estado de México se reportan ordeñas en Nextlalpan, Tepetlaoxtoc, Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Tonanitla.
El reporte atribuye el robo de gas a células de La Familia Michoacana y grupos locales presuntamente respaldados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del Cártel de Santa Rosa de Lima y bandas regionales que operan en el llamado Triángulo Rojo y en los límites de Hidalgo con Querétaro.
El gasoducto Cactus-Guadalajara es la infraestructura más golpeada por estas prácticas, ya que atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, conectando los principales centros de consumo con las zonas de suministro.
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