Contexto de cambio
El papel del gobierno mexicano en la regulación y supervisión del sector energético se ha vuelto imprescindible para entender los recientes cambios institucionales y legales ocurridos entre 2024 y 2025. A partir de reformas constitucionales que restablecen un rol central del Estado, nuevas leyes secundarias —como la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la Ley del Sector Hidrocarburos—, y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como ente regulador, México redefine quiénes toman decisiones clave en materia de electricidad, hidrocarburos y transición energética.
El nuevo marco legal e institucional
Reformas constitucionales como punto de partida
En octubre de 2024, se aprobaron reformas constitucionales que redefinieron el estatuto de empresas estratégicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas empresas pasaron de ser “empresas productivas” a “empresas públicas del Estado”, lo que modifica su relación jurídica con el gobierno federal, su responsabilidad y su mandato en la generación, producción y refinación de energía.
Leyes secundarias y nuevas entidades reguladoras
El 18 de marzo de 2025 entraron en vigor varias leyes secundarias: la Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector Hidrocarburos, Ley de Planeación y Transición Energética, Ley de Biocombustibles, Ley de Geotermia, y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Todas estas reorganizan, entre otras cosas, la supervisión, permisos, tarifas y participación privada versus estatal.
La CNE surge como organismo desconcentrado de la SENER, con independencia técnica, operativa y de gestión. Asume competencias de la antigua Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Implicaciones técnicas, sociales y económicas
Distribución de competencias y funciones reguladoras
Con la creación de la CNE, el Estado concentra tanto la regulación tarifaria como los permisos de generación, transmisión, distribución y almacenamiento. La Secretaría de Energía (SENER) conserva funciones de planeación, control estratégico y supervisión de cumplimiento general, mientras que la CNE regula aspectos operativos, sanciona incumplimientos y busca asegurar calidad, continuidad, confiabilidad y sustentabilidad.
Participación privada vs preponderancia pública
Uno de los elementos centrales del nuevo marco regulatorio es que la Empresa Pública del Estado, CFE, debe generar al menos el 54 % de la electricidad anual del Sistema Eléctrico Nacional; el restante 46 % podrá corresponder al sector privado. Eso implica restricciones nuevas para la iniciativa privada, aunque se reconoce su participación en esquemas mixtos e inversión regulada.
Impacto social y transparencia
El gobierno anuncia que la reforma pretende asegurar tarifas eléctricas accesibles, evitar desequilibrios tarifarios, mejorar el suministro en zonas marginadas y reforzar la soberanía energética. Sin embargo, organizaciones independientes advierten que la transición legal genera incertidumbre para los inversionistas privados y que la ausencia de reglamentos aún vigentes puede retrasar proyectos energéticos, especialmente en renovables.
Desafíos, propuestas y perspectivas futuras
Desafíos inmediatos
- Reglamentación pendiente: aunque las leyes secundarias ya están publicadas, muchos reglamentos y disposiciones administrativas aún no han sido emitidos. Su ausencia dificulta la claridad operacional para permisos, certificaciones o procedimientos técnicos.
- Certidumbre jurídica: empresas privadas requieren reglas claras, consistentes y estables. Cambios frecuentes, retrasos o ambigüedades en los plazos debilitan la confianza.
- Capacidad técnica institucional: la CNE, la SENER y la CFE necesitan incrementar recursos humanos especializados, sistemas de monitoreo, infraestructura de supervisión y tecnología para cumplimiento ambiental, eficiencia energética y control volumétrico en hidrocarburos.
Propuestas para fortalecer la regulación
- Establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y auditoría externa a la CNE y SENER.
- Crear plazos máximos claros para la emisión de todos los reglamentos faltantes, así como esquemas de participación pública para que los sectores afectados opinen.
- Fomentar la colaboración con organismos internacionales (como la Agencia Internacional de Energía, bancos multilaterales) para apoyo técnico, transferencia de tecnología, evaluación independiente de impacto social y ambiental.
Perspectivas para mediano y largo plazo
- Se prevé que hacia 2030, México deba consolidar una generación eléctrica más limpia. El IMCO estima que la demanda eléctrica crecerá significativamente, lo que exige nuevas inversiones en transmisión, generación renovable y almacenamiento.
- También se espera que la CNE se convierta en un actor con mayor reconocimiento internacional, lo que exigiría armonización regulatoria, cumplimiento con tratados como el T-MEC en materia energética, y estándares de sustentabilidad más exigentes.
El Estado mexicano ahora tiene en sus manos un marco regulatorio donde la regulación y supervisión del sector energético no son una tarea secundaria, sino un eje central del modelo energético nacional. El gobierno debe ejercer ese papel con transparencia, eficacia y respeto a los principios de justicia energética, sostenibilidad y legalidad.
Ahora más que nunca, es indispensable que ciudadanos, empresas, academia y sociedad civil vigilen de cerca la implementación de estas reformas. Exigir cumplimiento de plazos, transparencia en la gestión de recursos y sanciones claras ante incumplimientos no es opcional: es el único camino para asegurar que la reforma energética beneficie al bien común, fortalezca la soberanía nacional y garantice energía segura, eficiente y accesible para todas y todos.
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