De acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) emitidas mediante el Acuerdo A/113/2024 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2025, todas las nuevas centrales solares conectadas a la red pública —con excepción de aquellas que emplean tecnologías firmes o controlables como la geotermia, biomasa o hidroeléctrica con embalse, así como los sistemas aislados o menores a 0.7 MW— deberán incluir almacenamiento en baterías que representen al menos el 30% de su capacidad instalada, con una autonomía mínima de tres horas de descarga continua.
Este nuevo requisito no tiene efectos retroactivos: los proyectos previamente autorizados que no han modificado su permiso mantienen su esquema original. Sin embargo, aquellos que busquen cambios en su configuración, como aumentos de capacidad o reconexión, deberán adecuarse a esta nueva disposición. Cabe destacar que esta obligación no aplica para sistemas de autoconsumo aislado —los cuales no requieren conexión a la red— y está dirigida principalmente a nuevos proyectos renovables intermitentes conectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), afectando directamente a empresas e industrias que estén desarrollando o ampliando parques solares y tramitando nuevos permisos ante la CRE o interconexiones con el CENACE para capacidades mayores a 0.7 MW.
La medida fue anunciada por el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas Samperio, durante un foro en el Senado de la República el pasado 28 de marzo, en un contexto que no es casual. México atraviesa un momento crítico en términos de demanda energética. Regiones clave para el nearshoring, principalmente en el norte del país, están experimentando veranos cada vez más intensos, con picos de consumo eléctrico y apagones localizados. Paralelamente, los costos de acceso a capacidad eléctrica se han elevado, especialmente para desarrollos industriales que enfrentan restricciones de red y tarifas cada vez más altas.
El almacenamiento de energía comienza a consolidarse como un componente estratégico dentro del marco regulatorio de la transición energética. Su integración permite a las centrales solares ofrecer energía de forma más estable y flexible, particularmente durante las llamadas “horas críticas del sistema”, cuando la demanda se incrementa y la generación solar natural disminuye. Además, reduce la exposición a tarifas elevadas y proporciona continuidad operativa a sectores que no pueden detener su producción ante una interrupción de suministro.
Este enfoque no sólo mejora la confiabilidad de la red, sino que también abre nuevas oportunidades para usuarios industriales que buscan integrar energías limpias en sus operaciones de forma más eficiente. Industrias como la manufacturera, automotriz, alimentaria y hotelera ya experimentan la urgencia de contar con esquemas más resilientes.
Más que una carga regulatoria, esta disposición debe entenderse como un nuevo estándar técnico que responde a las condiciones actuales del país. El almacenamiento aporta valor no sólo al sistema eléctrico en su conjunto, sino también a las empresas que buscan certidumbre en sus operaciones y estrategias energéticas más sostenibles. En muchos casos, anticiparse a este requerimiento puede representar ventajas competitivas frente a quienes aún dependen exclusivamente de la infraestructura pública, cada vez más saturada.
Esta regla del 30% fue establecida en las DACG emitidas por la CRE bajo el régimen anterior (LIE), pero la nueva Ley del Sector Eléctrico (LESE) sólo contempla el almacenamiento como obligatorio en proyectos de autoconsumo interconectado con inyección de excedentes. Si bien se perfila como un nuevo estándar técnico, su aplicación normativa dependerá de futuras disposiciones bajo el nuevo marco legal; sin embargo, en el fondo, es una señal clara del rumbo hacia donde se mueve el mercado energético mexicano.
Como toda transformación estructural, plantea retos, pero también múltiples oportunidades. Integrar almacenamiento desde el diseño de los proyectos ya no es únicamente una ventaja técnica: es una decisión estratégica para participar activamente en la construcción de un sistema eléctrico más flexible, moderno y preparado para los desafíos que vienen.
Por Paulina Beck* Head of Legal de Energía Real
