El acceso a la energía avanza, pero el financiamiento sigue sin estar a la altura
Una promesa aún lejana para millones
El acceso a la energía se ha consolidado como uno de los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del ODS 7. No obstante, el reciente informe publicado por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) el 20 de junio de 2025 deja claro que, a pesar de los progresos, la meta del acceso universal a servicios energéticos modernos sigue en riesgo. Actualmente, 745 millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad, y más de 2.1 mil millones cocinan con combustibles contaminantes, una realidad que perpetúa la pobreza y la desigualdad.
El informe, titulado Energy Access Outlook 2025, confirma que se ha acelerado el acceso en regiones clave como el sur de Asia, pero también subraya la persistencia de grandes disparidades, especialmente en África subsahariana. La región concentra el 80% de las personas sin acceso a la electricidad, una cifra que apenas ha variado desde 2010.
El papel insuficiente del financiamiento internacional
Un dato central del informe es el estancamiento del financiamiento internacional para acceso a la energía. En 2022, la financiación externa dedicada al acceso a la electricidad en países de bajos ingresos alcanzó los 15 mil millones de dólares, una cantidad que representa apenas un tercio de lo necesario para cumplir con el objetivo de acceso universal para 2030. De esta cifra, solo una pequeña fracción se destinó a soluciones descentralizadas basadas en energías renovables, como los sistemas solares fuera de red, a pesar de su potencial comprobado en comunidades rurales y aisladas.
El informe subraya un doble desequilibrio. Por un lado, el financiamiento está geográficamente mal distribuido: más del 70% de los fondos se concentran en apenas 20 países. Por otro lado, existe una clara preferencia por grandes proyectos de infraestructura centralizada, dejando de lado opciones más flexibles, sostenibles y adaptadas al contexto local.
Avances tecnológicos sin respaldo político ni financiero
En términos tecnológicos, las soluciones para cerrar la brecha energética ya existen. Desde mini redes híbridas hasta cocinas limpias, pasando por sistemas de almacenamiento inteligente y generación solar comunitaria. Sin embargo, la IEA advierte que los avances técnicos, por sí solos, no garantizan impacto si no están acompañados de voluntad política, marcos regulatorios adecuados y financiamiento específico.
En África, por ejemplo, el costo promedio de brindar electricidad a una vivienda mediante soluciones descentralizadas es de aproximadamente 300 dólares. A escala nacional, lograr cobertura total requeriría inversiones anuales modestas en comparación con megaproyectos fósiles o de infraestructura pesada. Sin embargo, las trabas burocráticas, la falta de garantías para inversores y la debilidad institucional continúan desincentivando el flujo de capital.
Un imperativo climático, social y económico
Cerrar la brecha del acceso a la energía no es solo una cuestión moral o de derechos humanos. La IEA lo vincula directamente con la resiliencia climática y el desarrollo económico sostenible. Garantizar energía limpia y asequible permite reducir la deforestación, mejorar la salud pública, potenciar la educación y facilitar la generación de empleo, especialmente en sectores agrícolas y manufactureros.
Además, la falta de acceso a energía moderna agrava la vulnerabilidad de comunidades rurales frente a fenómenos climáticos extremos. Sin refrigeración, bombeo de agua o sistemas de alerta, millones de personas quedan expuestas sin medios para adaptarse a un entorno cada vez más hostil.
Financiar el acceso: ¿quién asume el liderazgo?
El informe plantea una interrogante crítica: ¿quién debe liderar el financiamiento para lograr el acceso universal? Si bien los gobiernos nacionales tienen un papel clave en la planificación y regulación, los recursos necesarios superan su capacidad fiscal. Las instituciones multilaterales, los bancos de desarrollo y el sector privado deben incrementar su participación con esquemas innovadores de financiamiento mixto, garantías soberanas y mecanismos de reducción de riesgo.
La IEA también propone canalizar parte de los compromisos climáticos globales —como los fondos para mitigación y adaptación— hacia proyectos de acceso energético, reconociendo que la transición energética debe ser inclusiva. Según el informe, un aumento del 50% en el financiamiento anual para acceso energético tendría un costo marginal en comparación con los beneficios económicos y climáticos globales que generaría.
Reequilibrar prioridades energéticas
Es evidente que el debate global sobre energía sigue centrado en la transición de los grandes emisores, dejando de lado la urgencia de garantizar servicios básicos para los más vulnerables. Mientras las economías desarrolladas se enfocan en electrificación vehicular, hidrógeno verde o captura de carbono, cientos de millones de personas siguen cocinando con leña o sin acceso a luz nocturna.
La justicia energética exige reequilibrar las prioridades y asegurar que las soluciones de la transición también lleguen a quienes más lo necesitan. No se trata solo de tecnologías limpias, sino de construir un sistema energético equitativo, resiliente y verdaderamente global.
El momento de actuar es ahora
El informe de la IEA no solo diagnostica una realidad persistente; también señala una ventana de oportunidad. Con voluntad política, cooperación internacional y financiamiento estratégico, es posible cerrar la brecha energética para 2030. Sin embargo, el tiempo se agota.
El acceso a la energía debe dejar de ser una promesa aplazada. Convertirlo en un derecho efectivo es una condición previa para cualquier transición justa. La urgencia de actuar no es solo ética, es estratégica: sin energía, no hay desarrollo; sin desarrollo, no hay estabilidad climática ni social.
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