Hacia una tributación energética más justa y sostenible
América Latina y el Caribe enfrentan un dilema estructural. Por un lado, buscan proteger a sus poblaciones del alto costo de la energía. Por otro, dedican miles de millones de dólares a subsidios que resultan fiscalmente insostenibles y socialmente ineficaces.
Según el Banco Mundial, estos subsidios no benefician principalmente a los más pobres. Tampoco contribuyen a reducir emisiones o fomentar energías limpias. Reformarlos es urgente, pero el camino debe evitar nuevos conflictos sociales.
Un gasto que no llega a quienes más lo necesitan
Los países de la región destinan entre el 1% y el 5% de su PIB a subsidios energéticos. Esta cifra supera muchas veces lo que invierten en salud o educación pública. Sin embargo, los beneficios no están bien distribuidos.
Estudios muestran que el 20% más rico recibe hasta el 60% de estos subsidios. Mientras tanto, los hogares pobres obtienen muy poco. Esto ocurre porque los apoyos no se aplican con criterios de ingreso, sino de forma generalizada.
El resultado es un sistema costoso, injusto y poco eficaz para reducir la pobreza energética.
Más consumo, menos sostenibilidad
Los precios bajos fomentan el consumo excesivo de energía. También retrasan inversiones en tecnologías limpias. Al subsidiar combustibles fósiles, se desincentiva el cambio hacia fuentes renovables.
Este patrón de consumo también eleva las emisiones. A largo plazo, la región compromete sus metas climáticas. Además, se deteriora la competitividad de soluciones sostenibles.
Los subsidios, aunque bien intencionados, crean distorsiones graves tanto económicas como ambientales.
Reformar sí, pero con enfoque social
Eliminar subsidios de forma abrupta ha provocado protestas en varios países. Ecuador, Haití y Argentina son ejemplos recientes. Por eso, el cambio debe ser gradual, transparente y centrado en la protección de los hogares vulnerables.
El Banco Mundial propone tres pasos:
- Analizar el impacto real del gasto y su distribución.
- Sustituir los subsidios con transferencias directas a quienes lo necesitan.
- Comunicar los beneficios sociales y económicos del cambio.
Este enfoque protege la estabilidad política y reduce el riesgo de empobrecimiento energético.
El papel de los impuestos al carbono
Eliminar subsidios debe ir acompañado de una mejor tributación energética. Los impuestos al carbono castigan directamente las actividades más contaminantes. Además, generan ingresos que pueden financiar programas sociales o infraestructura sostenible.
En América Latina, este tipo de impuestos aún es incipiente. Solo unos pocos países, como Chile y Colombia, han dado pasos en esa dirección. En muchos casos, las tasas son muy bajas o mal diseñadas.
Un impuesto bien estructurado puede ayudar a corregir externalidades sin afectar el consumo básico de los más pobres.
Rediseñar las tarifas eléctricas
Otra opción es ajustar las tarifas según el nivel de consumo. Los primeros kilovatios podrían mantenerse con tarifas bajas, protegidos por subsidios focalizados. El exceso, especialmente en hogares con alto consumo o sectores comerciales, pagaría un precio más realista.
Este modelo se ha implementado con buenos resultados en países como Brasil y Uruguay. Con una tarifa inteligente, se protege a los más vulnerables sin premiar el derroche.
Gobernanza, transparencia y confianza pública
Reformar los subsidios requiere instituciones sólidas y marcos normativos claros. La transparencia en la gestión de tarifas y transferencias es esencial para generar confianza.
La ciudadanía debe entender por qué se realizan los cambios y qué beneficios tendrán. La participación de organismos multilaterales puede reforzar esta legitimidad. El Banco Mundial, la CEPAL y el BID pueden aportar experiencia técnica y monitoreo independiente.
Sin confianza, cualquier reforma se percibirá como una pérdida, no como una mejora estructural.
Equilibrio fiscal y justicia social: la nueva energía de América Latina
La región ya no puede sostener subsidios energéticos regresivos. El contexto fiscal, climático y social exige un cambio profundo. Es posible avanzar hacia un sistema más justo y eficiente si se prioriza la equidad y se protege a los más frágiles.
Reformar no significa abandonar. Significa redirigir los recursos hacia donde más se necesitan. Esa es la base de una transición energética justa y duradera.
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