Un país energéticamente rico, pero hídricamente limitado
México produce más de 1.64 millones de barriles de petróleo diarios (Pemex, agosto 2025), pero enfrenta una creciente escasez hídrica que amenaza la base operativa de su industria.
El Monitor de Sequía de la Conagua (septiembre 2025) reportó que el 76 % del territorio nacional presenta algún grado de sequía, y 23 estados tienen presas por debajo del 50 % de su capacidad.
Esta situación pone bajo presión a sectores industriales clave, entre ellos el energético.
De acuerdo con el Informe Global del Agua 2024 de la OCDE, México es el país de la OCDE con una de las mayores tasas de estrés hídrico (40 % de sus cuencas en condición crítica).
El vínculo entre agua y energía ya no es técnico: es político. El país enfrenta el reto de construir una política hídrica energética nacional que equilibre producción, sustentabilidad y seguridad.
Pemex y Conagua: el comienzo de una nueva gobernanza
Una alianza estratégica en construcción
Desde 2023, Pemex y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen un acuerdo de cooperación técnica para medir y reducir el consumo hídrico en sus refinerías y campos de producción.
El convenio, vigente hasta 2026, obliga a la empresa a reportar consumos mensuales y proporción de reúso por instalación, además de verificar descargas con monitoreo independiente.
Esta medida responde a una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su reporte “Water and Energy Nexus in Latin America 2024” advierte que el sector energético mexicano consume cerca del 5 % del agua industrial del país, con tendencia al alza si no se moderniza la infraestructura de reúso.
El agua como nueva métrica de seguridad energética
La seguridad energética ya no puede medirse solo por reservas de crudo o capacidad de refinación.
Hoy depende también de la seguridad hídrica: cuánta agua puede sostener la infraestructura energética sin comprometer su entorno.
En México, el 60 % de las plantas de generación eléctrica y petroquímica se ubican en cuencas con estrés hídrico alto o extremo (OCDE, 2024).
El IEA Water-Energy Nexus 2024 advierte que el tratamiento de agua puede representar entre 2 % y 4 % del costo operativo de una refinería o planta termoeléctrica en regiones áridas.
Esto convierte el agua en un componente económico y estratégico: si escasea, el costo del barril refinado o del megavatio generado se dispara.
El triángulo de política pública: agua, energía y transición
Una política hídrica energética nacional debe integrar tres ejes:
1. Planificación territorial hídrica-industrial
México necesita alinear el desarrollo energético con la disponibilidad real de agua.
Esto implica coordinar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Pemex, CFE y Conagua bajo un mismo mapa de planeación de cuencas industriales.
Actualmente, refinerías como Tula, Salamanca y Salina Cruz operan cerca de zonas con sobreexplotación de acuíferos.
2. Inversión en tecnologías de reúso y tratamiento
El país debe escalar el modelo de Cadereyta y Madero, donde más del 80 % del agua utilizada ya es tratada.
El Plan Sonora 2025 contempla inversiones en energía solar e hidrógeno verde, tecnologías que también pueden aprovechar aguas salobres o residuales.
3. Diplomacia y financiamiento del agua-energía
La política hídrica energética no se limita a fronteras nacionales.
Estados Unidos, mediante la Iniciativa Agua y Energía del T-MEC (2025), ha propuesto fondos de cooperación hídrica transfronteriza para el norte de México, destinados a modernizar plantas tratadoras y reducir pérdidas industriales.
Estos mecanismos podrían canalizar financiamiento hacia infraestructura hídrica compartida en los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, donde el nearshoring incrementa la demanda industrial de agua.
Un dilema geopolítico y ambiental en evolución
El agua, antes invisible en los debates energéticos, se ha convertido en un recurso de poder.
Países como Arabia Saudita y Chile ya integran la variable hídrica en sus estrategias energéticas nacionales.
México apenas comienza a hacerlo, pero los datos son claros: la crisis hídrica puede limitar la soberanía energética si no se anticipa con políticas preventivas.
El Consejo Mundial del Agua (World Water Council) estima que hacia 2030, la demanda hídrica industrial crecerá 25 % en América Latina, y la energética será uno de los principales motores.
México podría enfrentar restricciones operativas si no diversifica fuentes hídricas o no reduce su dependencia del agua dulce.
Agua, energía y futuro: una sola ecuación nacional
La política hídrica energética en México debe ser más que una reacción ante la escasez: tiene que convertirse en una estrategia nacional de competitividad.
Requiere regulación, tecnología, inversión y voluntad política.
El país cuenta con capacidad técnica, experiencia industrial y apoyo internacional para construir un nuevo modelo energético resiliente al cambio climático.
El agua —no el petróleo— definirá el ritmo de la producción energética en las próximas décadas.
La nación que logre dominar esa ecuación tendrá la verdadera soberanía: la del equilibrio entre desarrollo y naturaleza.
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