El nuevo impulso eléctrico en España
El Real Decreto de Electrificación 2025, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros de España, ha sido bien recibido por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), que lo considera un paso significativo para fomentar la electrificación eficiente, segura y ordenada. Este marco normativo forma parte del paquete de medidas que acompaña a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y apunta a acelerar la penetración de la electricidad en sectores aún dominados por combustibles fósiles, como el transporte, la industria térmica y la climatización residencial.
Sin embargo, más allá del optimismo institucional, el nuevo decreto plantea interrogantes sobre su capacidad real para traducirse en impactos concretos a corto plazo, especialmente en un contexto de fuerte incertidumbre regulatoria, tensiones geopolíticas en los mercados energéticos y retrasos persistentes en la expansión de las redes.
Lo que propone el Real Decreto de Electrificación 2025
El texto establece una estrategia nacional de electrificación centrada en tres ejes: eficiencia, seguridad del suministro y descarbonización. Su enfoque prioriza el desarrollo de infraestructuras eléctricas inteligentes, la facilitación de puntos de recarga para movilidad eléctrica y la promoción de bombas de calor para usos térmicos. También incluye incentivos normativos para acelerar la inversión en redes de distribución, cuya modernización es crucial para acoger una mayor penetración de generación renovable distribuida.
Uno de los aspectos destacados por AELEC es el enfoque estructural del decreto: no se trata de medidas puntuales, sino de un marco que reconoce la electrificación como política energética de Estado. Esta perspectiva permite alinear objetivos climáticos con una política industrial basada en la energía limpia, algo que la patronal eléctrica venía reclamando desde hace tiempo.
Avances necesarios, pero plazos inciertos
A pesar del respaldo institucional, el sector reconoce que la implementación efectiva del decreto depende de múltiples factores aún inciertos. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cerca del 75% de la energía final consumida en España aún no está electrificada. Alcanzar los objetivos para 2030 implica un cambio de ritmo sin precedentes.
El desafío más inmediato está en la red de distribución, considerada el cuello de botella de la electrificación. AELEC ha reiterado que sin un incremento sustancial de las inversiones —estimadas en más de 40.000 millones de euros hasta 2030—, las infraestructuras actuales no podrán absorber el crecimiento de la demanda eléctrica. Este punto crítico se ve agravado por la lentitud en la aprobación de los planes de desarrollo de redes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Coherencia regulatoria: una tarea pendiente
La aprobación del decreto llega en un momento de relativa dispersión regulatoria. Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece metas ambiciosas de electrificación, los instrumentos legales y financieros para alcanzarlas todavía no están completamente alineados. Esto genera incertidumbre para los operadores del sistema, que demandan señales claras, estables y coherentes.
AELEC ha insistido en que es urgente una actualización del marco retributivo para las redes de distribución, en línea con la nueva realidad tecnológica y climática. La digitalización, el autoconsumo, el almacenamiento y la gestión activa de la demanda exigen un sistema más flexible y transparente, donde los operadores puedan recuperar inversiones de forma ágil y segura. Sin estos ajustes, el decreto podría quedar como una declaración de intenciones sin efectos prácticos.
Electrificación con perspectiva industrial
Más allá de su dimensión ambiental, el decreto plantea implicaciones importantes para la competitividad de la economía española. La electrificación industrial, en particular, es vista como una palanca para reducir costos energéticos, aumentar eficiencia y atraer inversiones verdes.
Sectores como el acero, el cemento o los fertilizantes enfrentan presiones crecientes para reducir sus emisiones, especialmente ante el despliegue del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. En ese contexto, un suministro eléctrico limpio, predecible y accesible será clave para mantener la competitividad. No obstante, estos sectores necesitan más que voluntad política: requieren infraestructuras fiables, contratos de energía de largo plazo y marcos fiscales que hagan viables las reconversiones industriales.
Perspectiva del consumidor y justicia energética
Otro punto que no puede pasarse por alto es el impacto del decreto sobre los consumidores. Una electrificación acelerada no debe traducirse en aumentos de tarifas o barreras para hogares vulnerables. La equidad tarifaria y la inclusión energética deben estar en el centro de la implementación, especialmente en contextos de inflación energética y desigualdad estructural.
Desde AELEC, se subraya la necesidad de fortalecer programas de eficiencia, digitalización del consumo y herramientas como las comunidades energéticas, que permiten a los ciudadanos participar activamente en la transición. La electrificación será sostenible solo si es inclusiva.
De la norma a la acción
El Real Decreto de Electrificación 2025 representa una oportunidad relevante para redefinir la matriz energética española con base en la electricidad limpia. Su enfoque estructural y su alineación con los objetivos climáticos son elementos positivos que marcan un giro político importante. Sin embargo, su éxito dependerá de la velocidad con la que se resuelvan los cuellos de botella normativos, se movilicen las inversiones necesarias y se garantice una transición justa para todos los actores involucrados.
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