El fenómeno del huachicol y la seguridad logística se ha convertido en un binomio ineludible para entender los riesgos estructurales que enfrenta el transporte de hidrocarburos en México. Desde Hidalgo hasta Veracruz, los ataques a ductos de Pemex no solo representan pérdidas económicas, sino amenazas directas a la integridad de personas, comunidades e infraestructura crítica. Ante este panorama, el diseño y aplicación de protocolos de seguridad es tan urgente como su fiscalización efectiva.
Cartografía del huachicol: zonas con mayor incidencia en el país
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y reportes de Petróleos Mexicanos (Pemex), cinco entidades concentran los mayores niveles de extracción ilegal de combustible: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Veracruz.
- Hidalgo ha encabezado durante los últimos cinco años la lista de tomas clandestinas, con municipios como Cuautepec de Hinojosa, Tula y Tlahuelilpan como epicentros del delito. En 2023, se registraron más de 4,000 tomas ilegales solo en este estado.
- Puebla, especialmente en la región de San Martín Texmelucan y el Triángulo Rojo, sigue siendo un corredor logístico de riesgo. Según datos de 2024, se identificaron más de 1,200 puntos de ordeña activos.
- En Guanajuato, el robo de combustible ha escalado en paralelo al crecimiento del crimen organizado, con especial incidencia en Villagrán, Salamanca y Celaya.
- El Estado de México presenta focos críticos en municipios como Ecatepec, Otumba y Tecámac, aprovechando la proximidad con centros logísticos clave del Valle de México.
- Veracruz, con una vasta red de ductos y acceso portuario, ha registrado operaciones clandestinas especialmente en Minatitlán y Tierra Blanca.
Estas zonas comparten un patrón: ductos de alto valor, presencia de crimen organizado y brechas institucionales locales, lo que agrava el reto de garantizar seguridad logística.
Protocolos vigentes: entre la estrategia militar y la supervisión técnica
La estrategia contra el huachicol adoptada por el gobierno federal desde 2019 ha sido eminentemente militarizada. La Sedena y la Guardia Nacional encabezan los operativos de patrullaje, sellado de tomas clandestinas y vigilancia de los ductos.
Entre las principales medidas destacan:
- Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que incluye la intervención de instalaciones estratégicas por fuerzas armadas.
- Instalación de sistemas de monitoreo remoto en ductos mediante sensores de presión, cámaras térmicas y alertas satelitales.
- Intervención legal mediante la tipificación del delito de huachicoleo como amenaza a la seguridad nacional (Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos).
- Acuerdos de colaboración con autoridades locales, aunque con resultados dispares debido a la corrupción estructural en varios municipios.
Sin embargo, persisten brechas críticas: muchos tramos de ductos no están monitoreados en tiempo real, los protocolos de respuesta tardan entre 40 minutos y 3 horas, y la coordinación interinstitucional sigue siendo irregular.
Desafíos estructurales y propuestas para una logística energética segura
La solución al binomio huachicol y seguridad logística requiere algo más que despliegues militares o acciones reactivas. Existen tres ejes estratégicos que podrían transformar la respuesta al robo de combustibles:
- Inversión tecnológica en trazabilidad y monitoreo predictivo: la implementación de inteligencia artificial y sensores IoT puede reducir los tiempos de respuesta y predecir sabotajes mediante análisis de patrones.
- Corredores logísticos blindados: establecer zonas de alta vigilancia energética con infraestructura reforzada, presencia institucional continua y apoyo social en comunidades vulnerables.
- Participación comunitaria y blindaje social: los programas sociales deben incluir un componente de educación energética y desarrollo económico alternativo, especialmente en zonas rurales que hoy dependen del huachicol para subsistir.
Pemex ha propuesto recientemente el fortalecimiento del Sistema Logístico Nacional de Ductos, el cual contempla la modernización de 8,215 kilómetros de infraestructura prioritaria y la implementación de protocolos internacionales de seguridad como los de la API (American Petroleum Institute).
Una amenaza que exige visión integral y voluntad coordinada
El combate al huachicol no puede limitarse a sellar tomas clandestinas ni a capturar operadores. Se trata de reconstruir la confianza institucional, garantizar la seguridad logística nacional y proteger los activos estratégicos de la nación. La política energética mexicana necesita incorporar una visión integral: legal, tecnológica, social y geopolítica.
La presencia sostenida del crimen organizado en torno a los ductos evidencia que el huachicol es más que una desviación económica: es una amenaza a la soberanía energética y al funcionamiento logístico del país. Si México aspira a consolidarse como hub energético regional, la prioridad debe ser una logística blindada, transparente y sustentable.
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