El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos ferroviarios emblemáticos impulsados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, operará este año con un subsidio federal de 24 mil 296 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión y cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con información especial publicada por «El Universal», 97% de los recursos que recibirá el proyecto estarán destinados a cubrir su operación, mientras que solo 3% corresponderá a ingresos propios, lo que refleja una alta dependencia del financiamiento público para su funcionamiento.
El Tren Interoceánico fue inaugurado el 23 de diciembre de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue concebido como un sistema integral de transporte de carga y pasajeros con el objetivo de convertirse en una alternativa logística al Canal de Panamá, aprovechando la conectividad entre los océanos Pacífico y Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec.
No obstante, a poco más de un año de su puesta en marcha, el proyecto enfrenta baja demanda, elevados costos fijos y una dependencia casi total del presupuesto federal. Esta situación ha llevado al nuevo gobierno federal a analizar cómo sostener financieramente la operación y, eventualmente, redefinir su función y viabilidad económica.
El contexto se suma a los problemas financieros y legales que arrastran otros megaproyectos del sexenio anterior. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024 y documentos financieros oficiales, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería Dos Bocas acumulan al menos 65 litigios, además de provisiones y posibles pérdidas por más de 41 millones de pesos del erario.
Recursos asignados al Tren Interoceánico en 2026
- 24 mil 296 millones de pesos en subsidios federales
- 97% del total de sus recursos destinados a operación
- 3% provenientes de ingresos propios
Para entender desde la perspectiva legal el incidente y las consecuencias directas de este, P&E consultó la opinión de abogados expertos en el tema, Águeda Pineda Ramírez, menciona de manera detalladamente los escenarios posibles dentro de esta situación y argumentos a considerar, ya que aún no hay como tal una resolución del caso.
«Considerando que se encuentran en la etapa de inicio de una denuncia penal
Las sanciones legales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico dependerán de los resultados de la investigación penal en curso y de lo que establezcan las leyes aplicables» destaca la abogada.
Detalles del Caso:
- Ubicación y Jurisdicción: El incidente ocurrió en Nizanda, Oaxaca, y la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), una entidad federal, no local de la Ciudad de México. Por lo tanto, las sanciones se regirían por la legislación federal, como el Código Penal Federal.
- Delitos Denunciados: Las víctimas y sus abogados presentaron denuncias por posibles delitos que incluyen lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La denuncia penal busca determinar si hubo irregularidades, fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z del tren.
- Responsables Implicados: La denuncia está dirigida contra diversas constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en los hechos.
Posibles Sanciones:
Las sanciones específicas no se han determinado, ya que el proceso legal está en sus etapas iniciales y se busca una investigación imparcial. Sin embargo, el marco legal mexicano considera varios tipos de sanciones en casos de negligencia y daños a las vías de comunicación:
- Penales: El Código Penal Federal establece sanciones por ataques a las vías de comunicación, que pueden incluir penas de prisión para los responsables, tanto servidores públicos por omisión de sus deberes como para representantes de las constructoras por fallas en la ejecución de la obra.
- Civiles y Administrativas: Además de las posibles sanciones penales, las autoridades y empresas involucradas podrían enfrentar demandas por reparación integral del daño, que incluye compensaciones económicas, rehabilitación y garantías de no repetición para las víctimas. También podrían aplicarse multas o sanciones administrativas.
A pesar de su relevancia estratégica en el discurso oficial, el Tren Interoceánico enfrenta el reto de demostrar su rentabilidad social y económica en un escenario marcado por restricciones presupuestales y un creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos.
