A pesar de los múltiples operativos federales y las campañas mediáticas para erradicar el robo de combustibles, el huachicol en México ha mutado hacia esquemas más sofisticados. Hoy, el foco de atención se ha desplazado hacia actores menos visibles, pero estratégicamente posicionados: las comercializadoras y los distribuidores de hidrocarburos. Esta transformación del fenómeno revela cómo los huecos regulatorios y la debilidad institucional han facilitado el avance del mercado ilícito, más allá de las tomas clandestinas.
El nuevo rostro del huachicol: empresas y permisos
En el pasado, el huachicol estaba asociado casi exclusivamente al robo físico de ductos de Pemex. Sin embargo, informes recientes señalan que empresas legalmente constituidas, bajo el amparo de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estarían participando en redes de comercialización de combustibles robados. Estas empresas, que operan como comercializadoras o distribuidoras, han crecido en número desde 2016, cuando se liberó el mercado de hidrocarburos.
Actualmente, se estima que existen más de 1,300 permisos vigentes para la comercialización de petrolíferos, y más de 1,100 para su distribución. En teoría, estas empresas deben cumplir con estrictas normas de trazabilidad del producto, pero en la práctica, muchas han sido señaladas por autoridades como posibles canales de ingreso del combustible robado al mercado formal. El control documental, la vigilancia aduanera y los sistemas de verificación digital presentan fallas que permiten simular transacciones legales con producto de origen ilícito.
Huachicol empresarial: fallas regulatorias y económicas
El auge de las comercializadoras como vehículos del huachicol en México responde, en parte, a incentivos perversos en la cadena de valor. Comprar combustible por debajo del precio de mercado es, para muchas empresas del transporte y la industria, una ventaja irresistible. Las comercializadoras aprovechan esta demanda para introducir combustible de dudosa procedencia mediante facturación falsa, mezcla con producto legal o triangulación con intermediarios.
La CRE ha revocado algunos permisos, pero el ritmo de fiscalización no alcanza la magnitud del fenómeno. A esto se suma la fragmentación institucional: mientras la CRE autoriza, Pemex no siempre reporta anomalías en tiempo real, y la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta dificultades para judicializar casos por falta de pruebas contundentes. El resultado es una red poco visible pero altamente rentable que erosiona el mercado legal y afecta la recaudación fiscal.
También está el factor de la debilidad operativa en las aduanas y puntos de ingreso, donde se ha detectado combustible sin trazabilidad clara. La facilidad con la que estos productos se insertan en el mercado pone en duda la capacidad real del Estado para controlar el flujo energético nacional.
¿Cómo cerrar el paso al combustible ilegal?
La complejidad del huachicol en esta nueva etapa exige una estrategia más integral. Una opción urgente es auditar y depurar los permisos otorgados a comercializadoras y distribuidores. La falta de inspecciones periódicas ha permitido la proliferación de empresas fachada, algunas sin infraestructura operativa, pero con alta actividad documental.
Asimismo, es imprescindible fortalecer los sistemas digitales de trazabilidad, como el SAT-Gasolinas, para que cada litro vendido tenga un origen comprobable y un destino rastreable. La inteligencia financiera también debe ser parte de la estrategia: seguir el flujo del dinero ilícito puede ser tan eficaz como cerrar tomas clandestinas.
Otro frente clave es la coordinación entre dependencias. La fragmentación institucional ha sido una debilidad histórica. Sin una ventanilla única o sistema unificado que cruce información entre la CRE, Pemex, la FGR, el SAT y la UIF, los operativos seguirán siendo reactivos y poco efectivos.
Finalmente, el papel de la ciudadanía no debe subestimarse. El consumidor que acepta combustible barato sin preguntar por su origen contribuye, consciente o no, a perpetuar esta red ilegal.
Una sombra que se desplaza
El huachicol en México ya no es sólo una cuestión de mangueras clandestinas en zonas rurales o de violencia ligada al crimen organizado. Hoy se ha trasladado a oficinas con razón social, contratos digitales y rutas fiscales opacas. Esta evolución del fenómeno exige un rediseño profundo del aparato regulador energético, así como una revisión crítica de la liberalización del sector, que sin controles adecuados ha abierto puertas a la ilegalidad empresarial.
Solo una vigilancia rigurosa, apoyada en tecnología, coordinación interinstitucional y voluntad política, podrá desarticular estas redes. Mientras tanto, cada litro que entra al mercado sin control legal no solo erosiona la economía nacional, sino que compromete la integridad del sistema energético mexicano.
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