El proyecto Gas Bienestar, lanzado en 2021 como una de las apuestas más visibles de la política energética del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, está bajo revisión en la administración de Claudia Sheinbaum. Mientras Pemex analiza su continuidad, persiste una pregunta clave: ¿Cuánto costó realmente y qué beneficios dejó para la empresa productiva del Estado?
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y estimaciones de la propia Pemex, la creación de Gas Bienestar implicó inversiones iniciales por más de 4,000 millones de pesos entre la compra de cilindros, vehículos de reparto y adecuación de plantas de llenado. A esto se sumaron costos operativos recurrentes nómina, mantenimiento y logística que, según especialistas, elevaron la carga financiera de la petrolera en un momento de alto endeudamiento.
En su arranque, Gas Bienestar distribuyó más de 100,000 cilindros en la Ciudad de México y zonas conurbadas, con precios hasta 10% más bajos que los privados. Sin embargo, el modelo nunca alcanzó la escala nacional prometida. El proyecto tuvo un efecto simbólico más que estructural. Bajó los precios en ciertas colonias, pero no transformó el mercado.
El retorno económico directo para Pemex fue limitado. Los ingresos por venta de Gas LP no lograron cubrir los costos de inversión inicial, y el esquema dependió de apoyos cruzados desde otras subsidiarias de Pemex, según analistas consultados. En paralelo, la presencia de Gas Bienestar presionó a distribuidores privados a moderar precios, generando un efecto indirecto en la competencia.
Hoy, el gobierno enfrenta un dilema: mantener a Pemex en un negocio logísticamente complejo y de bajo margen, o dar por cumplido el objetivo social de contener precios y retirar gradualmente la operación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que el programa “tuvo virtudes”, pero ha dejado en claro que se revisa su viabilidad.
El caso de Gas Bienestar abre un debate mayor: ¿deben empresas estatales como Pemex asumir proyectos sociales con bajo retorno financiero? Para algunos especialistas, la respuesta depende de si se mide en términos de rentabilidad económica o de impacto social. Lo cierto es que, financieramente, el proyecto dejó más costos que beneficios directos para Pemex, una lección que marcará la toma de decisiones en la actual administración.
