La presidenta informó que a pesar de no tener cifras exactas sobre cuanto se ha afectado el erario público tras el sobo de combustible, si existe una estimación de la procuraduría fiscal sobre al menos 600 mil millones de pesos.
Los 16 mil millones de pesos son correspondientes al monto a pagar por parte de empresas, que, con un grupo de trabajo organizado por el gabinete de la presidenta, se encargarán de unificar una base de datos sobre el flujo de hidrocarburos.
El pasado 3 de octubre, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, informó mediante a su comparecencia en la Cámara de diputados mencionó que el perjuicio por este delito alcanzaría cerca de los 600 mil millones de pesos.
Por parte de la presidenta, destacó que no hay un dato específico por parte de la Secretaría de Hacienda en el que se informe cuántos recursos significa el contrabando de combustible. Por lo que, no se puede generar una estimación exacta con una fecha con daños económicos totales.
De acuerdo con los 16 mil millones que se le cuestionaron a la presidenta, explicó que se tratan de cifras ya denunciadas y que se encuentran en proceso judicial.
Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito público, detalló que esa cantidad es correspondiente a expedientes querellados, o en proceso de juicio, en el que las empresas que cometieron un delito necesitan pagar y que necesitan estar ante la fiscalía general de la Republica por casos en concreto de contrabando de combustible.
Casos específicos tal como el buque de Altamira incautado en el que fueron vinculados altos oficiales de la Armada. Amén de esto, se aclaró que estos casos se tratan de un saldo histórico del gobierno federal acumulado en distintos momentos a lo largo del tiempo, con casos querellados.
Derivado de esto, es que a partir del mes de octubre, se calcularán con trazabilidad completa, cada litro de gasolina que se transporta y se vende en el país, con el fin de evitar el huachicol y huachicol fiscal. Además de poder determinar cifras específicas sobre el total del robo de combustible.
La falta de una base de datos, hizo que no hubiera claridad en las cifras que se tienen del flujo del combustible. Por lo que, de ahora en adelante, Hacienda, Aduanas, Pemex, la fiscalía y la Agencia de Transformación digital, trabajarán en sinergia para lograr tener cifras sobre el combustible importado y los lugares a donde es transportado.
La nueva base de datos permitirá monitorear en tiempo real la ruta de los combustibles y detectar si en el mercado se vende más gasolina de la que es importada o producida, revelando la existencia de operaciones de contrabando u operaciones no registradas.
