La Unión Europea dio un paso decisivo para romper su histórica dependencia del gas ruso. Los ministros de los 27 Estados miembros aprobaron el lunes de manera definitiva un reglamento que prohibirá todas las importaciones de gas procedentes de Rusia a más tardar en 2027, una medida que marca un cambio estructural en el mapa energético del bloque.
El acuerdo, que permitirá que la prohibición se convierta en ley, está alineado con el compromiso asumido por Bruselas tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, cuando Moscú era el principal proveedor de gas de Europa y cubría más del 40 % de su demanda.
La normativa establece un calendario claro: las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso deberán cesar a finales de 2026, mientras que el gas transportado por gasoducto quedará prohibido antes del 30 de septiembre de 2027. Con ello, la UE busca cerrar definitivamente la puerta a su antiguo suministrador energético.
De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros tendrán hasta el 1 de marzo para presentar planes nacionales que detallen cómo diversificarán su suministro de gas, los volúmenes aún comprometidos en contratos vigentes y los principales obstáculos para sustituir el gas ruso.
En caso de riesgo grave para la seguridad energética, la prohibición podría suspenderse temporalmente por hasta cuatro semanas.
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Aunque la dependencia ha disminuido, el gas ruso representó alrededor del 13 % del consumo europeo en 2025, algunos países continúan pagando a Moscú por petróleo, gas por gasoducto y GNL.
La alternativa dominante está siendo Estados Unidos, como parte de un acuerdo para contener tensiones arancelarias, la Unión Europea se comprometió a importar hasta 750 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses, principalmente gas licuado.
De acuerdo don proyecciones del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero advierten que, para 2030, hasta el 80 % del GNL europeo podría provenir de Estados Unidos.
Sin embargo, el giro energético no está exento de fricciones. Mientras Washington presume su capacidad para sustituir el gas ruso, ha criticado las regulaciones ambientales europeas, en particular las exigencias para monitorear emisiones de metano.
Organizaciones como Greenpeace alertan que una nueva dependencia del gas estadounidense podría frenar la transición energética y debilitar la transparencia ambiental, justo cuando Europa intenta acelerar el avance de las energías renovables.
