Entre 2015 y 2024, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la SEMARNAT registraron 547 emergencias ambientales, de las cuales 506 —el 93%— se debieron a volcaduras de carros tanque con hidrocarburos.
La cifra revela una tendencia alarmante: la infraestructura del transporte energético en México opera bajo un riesgo crónico que combina falta de control, excesiva carga horaria y rutas urbanas saturadas.
Una tendencia al alza: los números detrás del riesgo
El año 2024 cerró con 87 incidentes, el número más alto desde la creación de la ASEA. En promedio, la frecuencia de accidentes creció 12.7% anual desde 2015.
La mayoría de los siniestros se concentran en zonas urbanas densamente pobladas, como el Valle de México, donde se documentaron 22 incidentes; 20 de ellos involucraron pipas de combustible.
La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas advirtió que la magnitud de estos derrames no solo afecta a la población, sino también a suelos, mantos acuíferos y ecosistemas cercanos, prolongando los efectos ambientales durante años.
El caso Iztapalapa: tragedia por omisiones
El accidente más devastador de 2024 ocurrió el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas causó la muerte de 31 personas y dejó 59 heridas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó que la empresa Silza, encargada del transporte, incumplió normas básicas de seguridad industrial.
Según la fiscal Bertha Alcalde, el conductor, Fernando Soto Munguía, trabajó más de 16 horas seguidas, con solo 15 minutos de descanso, cuando la norma exige 30 minutos cada cuatro horas. El vehículo además registró tres excesos de velocidad el mismo día del siniestro.
El resultado fue una onda expansiva de 180 metros, una tragedia que evidenció la falta de supervisión efectiva en el transporte de sustancias peligrosas.
Fallas estructurales en la regulación y supervisión
Los dictámenes periciales y los reportes de la ASEA coinciden en que los accidentes no solo derivan del factor humano. También influyen la antigüedad del parque vehicular, rutas sin mantenimiento, y la ausencia de monitoreo digital de las unidades.
Mientras tanto, las autoridades locales enfrentan limitaciones legales: los permisos de transporte de hidrocarburos son federales, pero las consecuencias recaen a nivel estatal y municipal, donde los recursos para atención ambiental son escasos.
Nuevas medidas en la Ciudad de México
Ante la escalada de emergencias, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el 29 de septiembre un paquete de 13 medidas de seguridad para regular la circulación de pipas y unidades que transporten materiales peligrosos.
Entre las más destacadas están:
- Límite de velocidad de 30 km/h para unidades con carga de hidrocarburos.
- Prohibición de circulación en la ciudad para vehículos con más de 40 mil litros de material peligroso.
- Restricción por tipo de vialidad, según la cantidad de combustible transportado.
Estas disposiciones buscan prevenir nuevas tragedias urbanas y proteger tanto a la población como al medio ambiente.
Responsabilidad empresarial y reparación del daño
La FGJ ha realizado 273 peritajes en el caso Iztapalapa y busca una reparación integral para las víctimas. Sin embargo, cada acuerdo requiere la aceptación individual de las familias afectadas.
El proceso podría sentar un precedente legal en materia de responsabilidad corporativa, presionando al sector privado a elevar sus estándares de seguridad y cumplimiento ambiental.
Seguridad energética y sostenibilidad: el reto pendiente
México enfrenta un dilema estructural: su red logística de combustibles es esencial para la economía, pero también representa un riesgo latente para la seguridad pública y ambiental.
La solución pasa por digitalizar el monitoreo, implementar sistemas de trazabilidad en tiempo real y renovar la flota vehicular con tecnología más segura.
Además, urge una coordinación interinstitucional entre ASEA, SICT, Pemex y gobiernos locales, que permita unificar criterios y protocolos de emergencia bajo una sola norma nacional.
Un país que debería normalizar las tragedias
La magnitud de los accidentes por transporte de hidrocarburos en México exige más que reacciones mediáticas. Supone revisar la cultura de prevención, la cadena de responsabilidad y la gestión ambiental.
Reducir las emergencias no solo salvará vidas, sino que fortalecerá la confianza pública
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