Petróleos Mexicanos llevó a cabo el despido de más de 3 mil trabajadores, entre personal de confianza y sindicalizado, como parte de un proceso interno de reestructura y reorganización operativa. Del total de bajas, alrededor de 700 corresponden al estado de Tabasco, una de las entidades con mayor presencia histórica de la empresa productiva del Estado. La decisión ha provocado inconformidad entre los afectados, quienes acusan revanchismo político y violaciones a sus derechos laborales.
La petrolera argumentó que los recortes derivan de un esquema de “integración” tras la desaparición de filiales y subsidiarias, con el objetivo de concentrar operaciones bajo un modelo de integración vertical. No obstante, los despidos han generado movilizaciones que se mantienen desde junio, cuando comenzaron las primeras notificaciones.
Raúl Drouaillet Patiño, coordinador nacional del movimiento «Petroleros Reclamantes de Justicia«, informó que a inicios de enero de 2026 reinstalarán un campamento de protesta en la Ciudad de México, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo. El dirigente, con más de cuatro décadas de trayectoria en Pemex, calificó como grave que trabajadores con largos años de servicio, muchos de ellos identificados con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, hayan sido separados de la empresa.
Raúl Drouaillet recordó que, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este grupo de empleados logró ser reincorporado a la petrolera, situación que ahora se revierte con la nueva reestructura. “Después de décadas de trabajo, hoy se les vuelve a dejar fuera”, señaló.
De acuerdo con los testimonios, el proceso de bajas inició formalmente el 6 de junio, comenzando por la Dirección de Refinación, donde cerca de 500 trabajadores fueron notificados de su despido. Desde entonces, el ajuste se extendió a distintas áreas hasta alcanzar la meta de 3 mil recortes.
El impacto no sólo es laboral, sino también financiero. Los trabajadores estiman que el costo de las liquidaciones podría oscilar entre 450 y 550 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad y el tipo de contrato. Sin embargo, denuncian que Pemex no estaría reconociendo plenamente derechos de jubilación y que sólo una parte del personal ha recibido compensaciones, lo que podría derivar en demandas laborales y un nuevo frente de conflicto sindical en 2026.
En este mismo contexto, los empleados despedidos sostienen que la reestructura no responde únicamente a criterios de eficiencia o ahorro, sino también a intereses de ciertos mandos medios y altos dentro de la empresa, lo que mantiene abierta la tensión al interior de Pemex y anticipa un escenario de confrontación legal y social en los próximos meses.
