El Gobierno de México se encuentra evaluando la implementación de un precio fijo o estable para el diésel, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre los sectores productivos. La propuesta está siendo impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y busca ofrecer mayor certidumbre económica a industrias estratégicas como el transporte de carga, la agroindustria y la minería.
Actualmente, el precio promedio del diésel en el país ronda los $24.10 por litro, aunque presenta importantes variaciones regionales y entre estaciones de servicio. Esta disparidad ha generado inquietudes entre transportistas y empresarios, quienes enfrentan incrementos constantes en sus costos operativos. De acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el diésel representa más del 40% del consumo total de combustibles en el transporte terrestre de mercancías.
La medida gubernamental cobra relevancia en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y alta volatilidad en el mercado del petróleo. En las últimas semanas, el precio internacional del crudo Brent ha superado los US$86 por barril, generando expectativas de nuevos aumentos en los combustibles a nivel mundial.
Bajo este escenario, un precio controlado del diésel podría funcionar como ancla para contener la inflación logística y garantizar la movilidad de mercancías a nivel nacional. Sin embargo, algunos especialistas advierten que su implementación deberá considerar factores clave como el subsidio fiscal, la sostenibilidad financiera de Pemex y los compromisos del país en materia de transición energética.
De acuerdo con analistas del sector, fijar el precio del diésel podría tener un impacto fiscal significativo, ya que el gobierno tendría que absorber parte de las variaciones del mercado mediante estímulos o subsidios. Además, un precio artificialmente bajo podría frenar las inversiones en tecnologías más limpias o el cambio hacia flotas más eficientes, afectando el avance en las metas de descarbonización.
El sector empresarial, por su parte, ha reaccionado con cautela. Cámaras de transporte y representantes de la industria automotriz han señalado que, si bien se requiere estabilidad en los precios, es fundamental que las medidas promuevan también la competencia y la eficiencia operativa.
La decisión final aún está en análisis, pero todo apunta a que será un punto central en la política energética y fiscal del segundo semestre de 2025. De concretarse, marcaría un cambio importante en la relación entre el Estado, Pemex y los consumidores industriales de combustible.
