La discusión sobre la refinación en México no es ideológica ni semántica: es aritmética. En noviembre de 2025, producir gasolinas en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) costó 103.8 dólares por barril, mientras que importarlas tuvo un costo de 86 dólares. La diferencia casi 18 dólares por barril se traduce en un sobrecosto sistemático por insistir en refinar en instalaciones viejas, caras e ineficientes.
La autosuficiencia energética fue presentada como sinónimo de soberanía. En la práctica, se ha convertido en un esquema de subsidio permanente. Las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz, Tula y la nueva Olmeca operan con frecuentes paros, bajos rendimientos y una producción elevada de combustóleo, un residuo con poco mercado que termina encareciendo aún más el proceso.
La contradicción es estructural. Mientras el negocio de exploración y producción puede generar retornos superiores al 20% en escenarios favorables, la refinación es, a nivel global, una actividad de márgenes estrechos. En México, ni siquiera eso: Pemex Transformación Industrial acumula pérdidas desde hace años, sostenidas por transferencias fiscales y apoyos presupuestales. Lejos de “refinar riqueza”, el sistema refina déficit.
Otro factor clave es la llamada “dieta de crudo”. Varias refinerías fueron diseñadas para procesar crudos más ligeros, pero el sistema se ha cargado progresivamente a crudos pesados, por disponibilidad y por decisión política. El resultado es menor producción de gasolinas y diésel, mayor generación de combustóleo, más consumo energético y costos más altos. El impacto es directo en la eficiencia y en la competitividad frente a las importaciones, especialmente las provenientes de la Costa del Golfo de Estados Unidos.
El discurso oficial insiste en que la estabilización está “a la vuelta de la esquina” y en que la refinería Olmeca “ya está arrancando”. Sin embargo, la realidad contable persiste: la gasolina producida en México es más cara que la importada. Esa ineficiencia se traslada al consumidor mediante precios elevados o al fisco mediante apoyos y acuerdos para contener aumentos. El pacto de 2025 para topar el precio de la gasolina regular fue menos un acto de generosidad que un parche para evitar un mayor costo político.
Mientras el gobierno presume una inflación contenida, el presupuesto absorbe el costo de sostener un sistema de refinación que no compite en precio ni en eficiencia. El mensaje implícito es claro: el país está dispuesto a pagar más para no reconocer que algunas decisiones emblemáticas fueron económicamente equivocadas.
La consecuencia más preocupante es la reasignación de los recursos. Cada peso destinado a plantas con márgenes negativos es un peso menos para exploración, mantenimiento de campos, reducción de deuda o pago a proveedores. Detrás de la narrativa de orgullo energético hay una transferencia constante desde actividades rentables hacia un símbolo político.
El problema real no es la refinación en sí, sino de aceptar que la autosuficiencia mal entendida puede convertirse en la forma más cara de dependencia. Si el Sistema Nacional de Refinación no produce combustibles a costos competitivos, deja de ser un apoyo de soberanía para convertirse en una carga financiera. Y mientras se la creencia continúe como victoria lo que en los números aparece como un lujo, la cuenta seguirá recayendo en el mismo actor de siempre: el contribuyente.
