El buque Challenge Procyon ingresó a México con cerca de 20.9 millones de diésel de procedencia ilegal, de acuerdo con información del SAT, arribó al puerto de Tampico a finales de marzo de 2025, con cantidades muy superiores a los 10 millones de litros que las autoridades federales anunciaron en su momento como un decomiso histórico. La información forma parte de un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los hallazgos se desprenden de actas del procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el mes de noviembre de 2025. En dichos documentos se detalla que la empresa importadora, Intanza, declaró ante la aduana que el cargamento correspondía a “aditivos para aceites lubricantes”. Sin embargo, tras un análisis técnico, el SAT determinó que el producto era en realidad aceite diésel.
El pedimento de importación registró más de 17.4 millones de kilogramos de mercancía. Al aplicar un factor de densidad de 0.8336 kilogramos por litro, la autoridad fiscal estableció que el volumen real ascendía a 20 millones 944 mil 445.77 litros. Esta cifra implica que al menos la mitad del combustible no fue incluida en los reportes oficiales del aseguramiento y que su paradero permanece desconocido.
El expediente también da cuenta de una considerable evasión fiscal. De acuerdo con los cálculos del SAT, por cada pipa con capacidad aproximada de 49 mil litros se dejaron de pagar contribuciones por cerca de 477 mil pesos, lo que equivale a unos 10 pesos por litro. En conjunto, el cargamento habría generado un quebranto al erario superior a los 190 millones de pesos únicamente por impuestos omitidos, sin considerar otras posibles sanciones administrativas o penales.
A ello se suma la subvaluación del combustible. El valor declarado en aduanas fue de apenas 53 millones de pesos, lo que arroja un precio de alrededor de 2.5 pesos por litro. No obstante, el SAT comparó ese monto con los precios de importación de diésel vigentes en ese periodo, que se ubicaban en no menos de 10.9 pesos por litro, lo que elevaría el valor real de la mercancía a más de 218 millones de pesos.
Desde abril de 2025, MCCI había advertido irregularidades en el volumen reportado del cargamento y posibles vínculos entre la empresa Intanza y funcionarios del puerto de Tampico. Tras esas investigaciones, Francisco Javier Antonio Martínez, entonces director de Administración de la ASIPONA de Tampico, fue separado del cargo y posteriormente detenido, señalado como parte de una presunta red de tráfico ilegal de combustibles en Tamaulipas que habría involucrado a mandos de la Marina.
Pese a la nueva evidencia contenida en los documentos del SAT, hasta el momento ninguna autoridad federal ha explicado qué ocurrió con los millones de litros de diésel que no figuran en los informes oficiales del llamado aseguramiento histórico en el puerto de Tampico.
