Venezuela ha puesto fin al control exclusivo que ejercía la estatal PDVSA sobre su industria petrolera mediante la publicación de nuevas regulaciones que permiten la operación del sector privado en todo el proceso petrolero.
Regulaciones que transforman la industria petrolera venezolana
El gobierno interino de Venezuela publicó el jueves un reglamento de 29 páginas en el Boletín Oficial que establece las normas para que el sector privado participe desde la extracción hasta la distribución de combustibles. Estas reglas incluyen condiciones fiscales adaptadas al perfil de riesgo de los activos, desde yacimientos en zonas contaminadas hasta operaciones en alta mar.
Un cambio histórico tras décadas de control estatal
Estas son las primeras normas integrales para la industria petrolera del país desde 1943 y no mencionan a PDVSA, que durante años fue una empresa estatal próspera pero decayó por mala gestión y corrupción. Aunque desde 2022 PDVSA había cedido el control administrativo de la producción a empresas privadas como Chevron, las nuevas regulaciones amplían la participación privada a refinación, comercialización y distribución.
Las regulaciones se vinculan a una reforma histórica aprobada en enero, al inicio de la administración interina respaldada por Estados Unidos y encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta reforma busca atraer inversiones urgentes, especialmente tras los daños causados por los recientes terremotos.
En la ceremonia de firma, Rodríguez calificó las nuevas normas como un “paso histórico” para “utilizar las reservas para el desarrollo del país”. Además, destacó que el reglamento agilizará operaciones, actualizará la normativa y facilitará la recuperación económica y la reconstrucción tras el doblete sísmico del 24 de junio.
Detalles del reglamento y su impacto
El reglamento define con precisión cómo se aplicará la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero. Permite que el sector privado opere en todas las etapas, desde la bocana del pozo hasta el surtidor, incluyendo aspectos fiscales que reflejan el riesgo asociado a cada tipo de operación.
Con esta medida, Venezuela busca potenciar su condición de país energético, atraer capital extranjero y modernizar un sector clave para su economía y desarrollo futuro.
