Un acuerdo para contener: la lógica del pacto gasolinero
Desde marzo de 2022, México implementó una medida extraordinaria conocida como pacto gasolinero, una estrategia fiscal diseñada para evitar aumentos abruptos en el precio de las gasolinas y el diésel. Este acuerdo, encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entró en vigor en medio de la escalada internacional del precio del petróleo provocada por la guerra en Ucrania y los desequilibrios postpandemia.
El pacto gasolinero de México no es un acuerdo entre empresas, sino un mecanismo gubernamental que ajusta o elimina el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles. El objetivo: suavizar los efectos inflacionarios para el consumidor final. Pero, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este subsidio? ¿Qué impactos tiene para las finanzas públicas y el mercado energético?
¿Cómo funciona el pacto gasolinero en México?
El pacto gasolinero se basa en una herramienta fiscal: el IEPS. Este impuesto representa un ingreso clave para la Federación, pero también es uno de los pocos componentes flexibles del precio final de la gasolina. Cuando el precio internacional del crudo sube, el gobierno puede reducir o eliminar el IEPS, de forma que el precio al público no se dispare.
Cada viernes, la SHCP publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el porcentaje de estímulo fiscal para la siguiente semana. En periodos de alta volatilidad, el estímulo ha llegado al 100%, como ocurrió en marzo y abril de 2022 para la gasolina Magna y el diésel.
Además, desde marzo de ese año, el gobierno implementó un estímulo complementario mediante acreditamientos contra el ISR o IVA para importadores y distribuidores, con el fin de evitar que el subsidio se quedara en manos de intermediarios y no llegara al consumidor.
Este esquema ha sido fundamental para mantener precios estables en estaciones de servicio, incluso cuando el barril de petróleo rebasó los 120 dólares.
Origen y evolución del pacto gasolinero
El pacto gasolinero de México se instauró oficialmente el 4 de marzo de 2022, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como respuesta directa al alza global de precios tras la invasión rusa a Ucrania. La SHCP, dirigida entonces por Rogelio Ramírez de la O, anunció una política de estímulos semanales al IEPS para evitar que el precio de la gasolina Magna superara los 22 pesos por litro.
Durante los primeros 12 meses del pacto, el gobierno dejó de recaudar más de 373 mil millones de pesos por concepto de IEPS, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). A pesar de esta pérdida, el gobierno justificó la medida por su impacto antiinflacionario.
En 2023 y 2024, la política continuó de manera flexible, con estímulos variables y menor intensidad, dependiendo de la cotización internacional del crudo y la recaudación petrolera de Pemex.
Ventajas del pacto gasolinero: control de precios e inflación contenida
Una de las principales fortalezas del pacto gasolinero ha sido su efecto inmediato sobre la inflación. La gasolina es un componente transversal en la cadena productiva; su encarecimiento impacta directamente el costo de alimentos, transporte y servicios.
Gracias a este mecanismo, México logró mantener inflaciones anuales menores al 5% en varios trimestres críticos, cuando Estados Unidos y Europa superaban el 8%. Esto también ayudó a preservar el poder adquisitivo en un entorno de incertidumbre internacional y tasas de interés elevadas.
Además, el esquema brindó certeza a los consumidores, estabilizando el mercado interno de combustibles, y generó un efecto psicológico positivo al evitar las protestas sociales asociadas al aumento del precio de los energéticos, como las ocurridas durante el “gasolinazo” de 2017.
Desventajas: alto costo fiscal y subsidio regresivo
No obstante, el pacto gasolinero también ha tenido efectos negativos. El más evidente: la pérdida de ingresos públicos. En años como 2022 y 2023, el gobierno federal tuvo que compensar la falta de IEPS con mayores ingresos petroleros, lo que representa una estrategia viable solo en contextos de altos precios del crudo.
Además, múltiples expertos han señalado que el subsidio a la gasolina es regresivo: beneficia proporcionalmente más a quienes más consumen combustible —es decir, a los sectores de mayores ingresos— en lugar de canalizarse directamente a transporte público o energías limpias.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha cuestionado la sostenibilidad de este esquema, argumentando que desvía recursos públicos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura. A esto se suma el hecho de que el estímulo fiscal a los combustibles contraviene los compromisos internacionales de México para reducir emisiones de carbono.
¿Tiene futuro el pacto gasolinero más allá de 2025?
Con un entorno fiscal cada vez más presionado y un cambio de administración en puerta tras las elecciones de 2024, el futuro del pacto gasolinero es incierto. Aunque la SHCP ha continuado con estímulos moderados en 2025, los expertos advierten que mantenerlo de forma indefinida puede deteriorar las finanzas públicas.
El próximo gobierno deberá decidir entre mantener un esquema que protege al consumidor en el corto plazo o redirigir esos recursos hacia una transición energética más equitativa y sostenible. Lo que es claro es que el pacto gasolinero, aunque útil en momentos de crisis, no puede convertirse en una política permanente sin costos estructurales significativos.
El equilibrio entre alivio inmediato y visión de largo plazo
El pacto gasolinero de México es una medida extraordinaria nacida en un contexto extraordinario. Ha sido eficaz para proteger a millones de consumidores del impacto inflacionario global, pero también representa un sacrificio presupuestal considerable y una contradicción con los objetivos de sostenibilidad ambiental.
Su continuidad dependerá del precio del crudo, de las prioridades fiscales del próximo sexenio y del compromiso del país con una política energética justa. En última instancia, el desafío será pasar del subsidio al consumo de hidrocarburos a una estrategia integral que incluya eficiencia, equidad y sostenibilidad.
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