La transición energética avanza en todo el mundo con discursos de innovación, descarbonización y futuro sostenible. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que pocas veces se formula con claridad: ¿puede haber transición ecológica si millones de personas aún viven en pobreza energética?
En América Latina, la respuesta es evidente: no hay transición justa si solo cambia la tecnología, pero no cambia quién puede acceder a ella.
El riesgo es que la transición termine siendo percibida como un lujo ambiental más que como un derecho colectivo. Mientras las clases medias urbanas instalan paneles solares o compran vehículos híbridos, millones de familias en zonas rurales siguen recurriendo a la leña o queroseno para iluminar y cocinar. Si el cambio climático se combate con soluciones que solo algunos pueden pagar, el resultado no será cohesión social, sino resistencia y desconfianza hacia las políticas verdes.
La sostenibilidad no puede plantearse como una carrera tecnológica sin considerar las condiciones de partida de cada sociedad. En países donde aún hay aulas sin electricidad o centros de salud sin refrigeración confiable, hablar únicamente de emisiones puede sonar desconectado de la realidad cotidiana. La transición energética no debe ser un privilegio del futuro, sino una respuesta concreta a las carencias del presente.
Una revolución verde… ¿para quién?
Europa suele ponerse como ejemplo de políticas climáticas avanzadas con subsidios para paneles solares, ayudas para calefacción eficiente y programas de rehabilitación de viviendas. Pero incluso allí, la Unión Europea ha debido reconocer un nuevo indicador oficial: pobreza energética, porque la transición estaba beneficiando primero a quienes ya tenían recursos.
África enfrenta el problema desde otro ángulo: la transición ni siquiera puede comenzar si el 60% de la población no tiene acceso estable a electricidad. Para muchos países africanos, la prioridad sigue siendo tener energía, no transformarla.
América Latina se encuentra en el medio: con una cobertura eléctrica promedio del 97%, pero con desigualdades profundas en calidad, costo y uso de la energía, especialmente en zonas rurales, periferias urbanas y comunidades indígenas.
El riesgo de una transición excluyente
Hoy, instalar paneles solares, comprar electrodomésticos eficientes o cambiar a vehículos eléctricos es posible… siempre que tengas capital. La transición energética, cuando se deja al mercado, reproduce el mismo patrón que cualquier tecnología nueva: primero para los que pueden pagarla.
Mientras tanto:
- Hogares en México, Perú o Bolivia siguen usando leña o carbón para cocinar.
- Familias en Argentina dependen de subsidios al gas aunque las redes no llegan a todo el territorio.
- En Brasil o Colombia, los paneles solares comunitarios existen, pero son proyectos piloto, no políticas masivas.
La transición energética corre el riesgo de convertirse en un privilegio verde si no se diseña desde la equidad.
¿Qué significa una transición energética justa?
Antes de hablar de tecnologías o inversiones, es necesario dejar algo claro: una transición energética justa no es solo cambiar la fuente de energía, sino cambiar quién tiene poder sobre ella. Históricamente, los sistemas energéticos han estado controlados por unos pocos actores —gobiernos, monopolios o grandes empresas— mientras que los usuarios finales han sido simples consumidores sin capacidad de decisión. Una transición justa implica democratizar ese modelo, permitiendo que hogares, comunidades y cooperativas no solo accedan a energía limpia, sino que también puedan producirla, gestionarla y beneficiarse económicamente de ella.
Una transición energética justa implica que el cambio hacia energías limpias no aumente la desigualdad, sino que la reduzca.
Sus pilares son claros:
- Acceso primero para los hogares vulnerables, no como residuo del mercado.
- Subsidios inteligentes, enfocados en eficiencia y no solo en consumo.
- Tecnología distribuida, que permita autonomía energética en comunidades rurales.
- Participación comunitaria en los proyectos de renovables, no solo grandes empresas.
Ejemplos inspiradores existen:
| País | Medida positiva | Limitación actual |
| Chile | Paneles solares en escuelas rurales y techos públicos | Falta de replicabilidad en viviendas privadas |
| Uruguay | Tarifas sociales eléctricas bien focalizadas | Alto costo de conexión en áreas aisladas |
| Colombia | Miniredes solares en La Guajira | Poca participación comunitaria en la gestión |
| Argentina | Subsidios al gas visibles | No llegan a hogares sin red o viviendas precarias |
Energía renovable sí, pero con justicia social
La descarbonización sin equidad es solo marketing verde.
No basta con:
- Reemplazar centrales térmicas por parques eólicos si las comunidades cercanas siguen cocinando con leña.
- No sirve electrificar el transporte si las tarifas suben sin control.
- No es transición energética si deja atrás a los mismos de siempre.
El objetivo no puede ser solo reducir emisiones. Debe ser también reducir pobreza energética.
Para que la transición energética sea legítima, debe responder a una pregunta básica pero poderosa: ¿quién gana primero con el cambio? Si los beneficios iniciales quedan en manos de industrias, gobiernos o consumidores de alto poder adquisitivo, la sociedad percibirá la transición como una carga, no como una oportunidad. En cambio, cuando los hogares vulnerables reciben primero acceso a tecnologías eficientes —paneles solares subsidiados, estufas limpias, viviendas aisladas térmicamente— el discurso ambiental deja de ser abstracto y se convierte en mejora tangible de calidad de vida. Solo así la transición ecológica será también transición social.
América Latina tiene la oportunidad de hacerlo distinto
A diferencia de Europa, que primero creció y luego intentó corregir sus excesos, América Latina puede diseñar una transición energética que desde el inicio incluya justicia social. Eso significa:
- Convertir la energía en un derecho garantizado, no solo en un servicio comercial.
- Financiar renovables populares, no solo megaproyectos empresariales.
- Medir la transición no solo por megavatios limpios, sino por hogares dignificados.
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