El término “huachicol” ha trascendido su origen coloquial para convertirse en un símbolo de uno de los mayores retos energéticos de México. Aunque inicialmente se refería a la adulteración de bebidas alcohólicas, el uso actual del término se vincula al robo y comercialización ilegal de combustibles, particularmente gasolina y diésel extraídos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este fenómeno no solo representa pérdidas multimillonarias para el Estado; también refleja una red estructural de corrupción, violencia e informalidad que atraviesa la economía nacional.
Definición legal y práctica del huachicol
Desde el punto de vista legal, el huachicol está tipificado en el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (2016), donde se considera delito grave la sustracción no autorizada, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Sin embargo, en la práctica, esta actividad ha evolucionado hacia un mercado ilícito complejo con estructuras logísticas, canales de distribución y protección armada por parte del crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han documentado la existencia de redes locales que perforan ductos con herramientas sofisticadas, almacenan el combustible en camiones adaptados y lo revenden principalmente en comunidades marginadas. Este fenómeno es especialmente común en los estados de Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Estado de México.
Cómo funciona el mercado negro del combustible
El huachicol no opera en la clandestinidad absoluta. Su funcionamiento se apoya en una economía paralela donde intervienen campesinos, transportistas, funcionarios corruptos y consumidores que, ante los altos precios del combustible oficial, optan por abastecerse de gasolina robada a precios significativamente más bajos.
Este mercado negro incluye tres fases:
1. Extracción y transporte
Se perforan ductos de Pemex —los más vulnerables están en el llamado “triángulo rojo”— y se extrae el hidrocarburo. Se transporta en bidones o camiones cisterna clandestinos, muchas veces con protección armada.
2. Almacenamiento y distribución
El combustible robado se almacena en bodegas improvisadas o incluso viviendas. Se distribuye en comunidades rurales o en “gasolineras informales” en zonas periféricas.
3. Venta minorista
La gasolina se ofrece hasta 30% por debajo del precio oficial. La falta de inspección y la impunidad alimentan la expansión de este modelo en zonas donde el Estado carece de presencia efectiva.
Impactos sociales, económicos y energéticos
Las consecuencias del huachicol son múltiples y devastadoras. En términos económicos, Pemex reportó pérdidas por más de 60 mil millones de pesos entre 2016 y 2018 debido a tomas clandestinas. A pesar del operativo gubernamental iniciado en 2019 para cerrar válvulas y militarizar la vigilancia, el robo de combustible persiste.
Desde una perspectiva social, el huachicol ha generado una economía ilegal que, en algunas regiones, sustituye al empleo formal. Esto crea dependencia, inseguridad y una cultura de impunidad difícil de erradicar. Tragedias como la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019 —donde murieron 137 personas— evidencian el alto riesgo humano que conlleva esta práctica.
Energéticamente, el huachicol compromete la seguridad del suministro, reduce la capacidad operativa de Pemex y debilita la confianza de inversionistas en la infraestructura energética nacional.
¿Por qué sigue vigente? Factores que lo perpetúan
A pesar de los esfuerzos institucionales, el huachicol sigue vigente por múltiples razones estructurales:
Corrupción institucional
Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han detectado complicidades internas dentro de Pemex y cuerpos de seguridad. La red de protección política y judicial dificulta el desmantelamiento completo de las organizaciones involucradas.
Pobreza y falta de oportunidades
El robo de combustible prospera en zonas donde el empleo formal es escaso. Para muchas familias, participar en esta economía representa la única vía de subsistencia.
Demanda persistente
Mientras los precios oficiales del combustible se mantengan altos y haya comunidades con escasa supervisión regulatoria, la demanda de huachicol persistirá. Las estaciones ilegales cubren un vacío de mercado real.
Limitaciones tecnológicas y logísticas
Aunque Pemex ha invertido en sistemas de monitoreo y sensores de presión, la red de ductos —que supera los 17,000 kilómetros— sigue siendo vulnerable a ataques físicos. Además, la capacidad de respuesta institucional es limitada en zonas rurales.
El huachicol como síntoma de desigualdad energética
El huachicol no es solo un delito: es un reflejo de las fallas estructurales del modelo energético y del pacto social en México. Combinar pobreza, corrupción, impunidad e informalidad genera un entorno donde prácticas como el robo de combustible encuentran condiciones fértiles para expandirse.
Abordar este fenómeno requiere más que operativos militares o cierre de ductos. Implica una estrategia de desarrollo regional, inversión en empleo formal, mejora institucional y políticas energéticas que incluyan a las comunidades marginadas en el acceso seguro y legal a la energía.
Más allá de su tipificación legal, el huachicol es una expresión de desigualdad energética y de la urgencia de construir un sistema energético nacional más justo, transparente y resiliente.
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