El debate sobre la viabilidad del fracking en México está lejos de concluir. A pesar de la moratoria de facto implementada durante la actual administración, el potencial de las reservas de shale gas en la cuenca de Burgos, que se extiende por Coahuila y Nuevo León, es innegable. La necesidad de alcanzar la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, vital para la industria nacional, mantiene el interés en esta fuente no convencional. La pregunta fundamental es si el próximo gobierno optará por reactivar una actividad que genera tanto debate como esperanza.
El Escenario Legal y Político del Gas No Convencional
Desde 2014, la Reforma Energética sentó las bases para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en México. Sin embargo, la implementación de proyectos de fracking ha enfrentado una fuerte oposición política y social. Durante la administración saliente, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en repetidas ocasiones su rechazo a esta técnica. Esta postura, aunque no se tradujo en una prohibición legal explícita, sí generó un freno efectivo a nuevas licitaciones y perforaciones.
A junio de 2025, no se han emitido nuevas licitaciones para bloques de shale gas, y los permisos existentes han permanecido inactivos. No obstante, el marco legal que permite la fracturación hidráulica sigue plenamente vigente.
Esto significa que un cambio en la voluntad política de la administración entrante, encabezada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, podría desmantelar rápidamente la moratoria actual. Expertos en la materia, han señalado la necesidad de una discusión técnica y transparente sobre el potencial de estos recursos, más allá de consideraciones ideológicas.
La administración de la presidenta Sheinbaum deberá ponderar cuidadosamente el costo de no explotar estas reservas frente a las preocupaciones ambientales y sociales.
Implicaciones Ambientales y Desafíos Técnicos en Coahuila y Nuevo León
La fracturación hidráulica es un proceso intensivo en el uso de agua, recurso escaso en las regiones áridas de Coahuila y Nuevo León. Esta es una de las principales objeciones de grupos ambientalistas y comunidades locales. La posibilidad de contaminación de acuíferos debido al uso de químicos en el fluido de fracturación y la generación de aguas residuales representan riesgos significativos. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han documentado los impactos potenciales y la falta de regulación robusta para mitigarlos.
Además del consumo hídrico, las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, durante la extracción de shale gas, son otra preocupación ambiental. La infraestructura necesaria para el fracking, que incluye plataformas de perforación, caminos y ductos, también genera un impacto significativo en el paisaje y los ecosistemas locales. Desde el punto de vista técnico, si bien Pemex ha realizado perforaciones exploratorias en el pasado, la masificación de esta técnica requeriría una inversión considerable en tecnología, capacitación y monitoreo ambiental riguroso. La experiencia en Estados Unidos, aunque demuestra la viabilidad técnica, también subraya la importancia de una regulación estricta y transparente.
El Impacto Económico y la Autosuficiencia Energética
El argumento económico a favor del fracking es poderoso. México es un importador neto de gas natural, principalmente desde Estados Unidos. En 2023, la importación de gas representó una parte sustancial de la balanza energética del país, con cifras que superaron los 6,000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Energía. La volatilidad de los precios internacionales y la dependencia geopolítica hacen de la autosuficiencia una prioridad estratégica. Las reservas de shale gas en México, estimadas por la Agencia Internacional de Energía (AIE) entre las más grandes del mundo, podrían transformar la matriz energética nacional y reducir significativamente esta dependencia.
La explotación de estas reservas generaría inversiones millonarias y miles de empleos directos e indirectos en Coahuila y Nuevo León, regiones con vocación industrial que demandan grandes volúmenes de gas. Además, un suministro interno más robusto y potencialmente más económico de gas natural podría impulsar la competitividad de sectores clave como la manufactura y la petroquímica. Sin embargo, cualquier reactivación del fracking deberá venir acompañada de una estrategia integral que mitigue los riesgos ambientales y sociales, y que asegure una distribución justa de los beneficios entre las comunidades locales.
Mirando Hacia el Horizonte Energético
El futuro del fracking en México se encuentra en una encrucijada crítica. El próximo sexenio definirá si el país opta por una mayor exploración de sus vastas reservas de shale gas o si mantiene la cautela actual en aras de un desarrollo energético más centrado en renovables.
La decisión no será sencilla, pues implica equilibrar la necesidad imperante de autosuficiencia energética y desarrollo económico con las legítimas preocupaciones ambientales y sociales. Un enfoque pragmático y basado en evidencia, que integre las mejores prácticas internacionales en materia de regulación y mitigación de impactos, será crucial.
Es imperativo que la nueva administración fomente un diálogo abierto y transparente con todos los actores involucrados, desde la industria hasta las comunidades y organizaciones ambientales, para trazar una ruta energética que sea tanto sostenible como segura para el futuro de México.
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