Nuevo panorama para la soberanía energética de México
En la semana del 2 al 6 de junio de 2025, se intensificó el debate sobre la soberanía energética de México, en un entorno caracterizado por la caída de la producción petrolera de Pemex, el aumento del consumo eléctrico doméstico y restricciones fiscales que limitan la inversión en infraestructura. Estos elementos configuran un riesgo estructural para el abastecimiento energético nacional y ponen en la mesa la necesidad de decisiones que equilibren control estatal, capacidad técnica y viabilidad financiera.
Declive de Pemex: una tendencia persistente
Durante mayo de 2025, Pemex produjo un promedio de 1 372 000 b/d de crudo, lo que representa una caída de 9 % en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando 30 meses consecutivos de retrocesos. En el primer cuatrimestre de 2025, la producción promedió 1.362 Mbd, una baja de 11.2 % anual. La producción de hidrocarburos líquidos durante el primer trimestre fue de 1.615 Mbd, inferior a los 1.670 Mbd del trimestre previo. Pemex estima una producción promedio de 1.58 Mbd para 2025, por debajo de la meta oficial de 1.8 Mbd.
A esto se añade la caída de 6.3 % en la producción de gas natural (3 534 mmpcd entre enero y mayo) . Estos datos ponen en evidencia no solo un debilitamiento de la industria petrolera, sino también riesgos en el abastecimiento energético para la generación eléctrica y el sector industrial.
Demanda eléctrica en alza y estrecheces en la red
La demanda máxima del Sistema Eléctrico Nacional ha alcanzado cerca de 52 945 MW durante picos recientes, mientras el margen operativo se mantiene en torno al 10 %. Según CENACE, la capacidad instalada del país es de aproximadamente 87 000 MW, lo que permite abastecer estos niveles de demanda.
Sin embargo, el PRODESEN y el IMCO estiman un crecimiento de la demanda eléctrica de entre 3.4 % anual, con una demanda máxima prevista de entre 66 221 y 69 000 MWh/h para 2030. Ante esto, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025‑2030 contempla inversiones por 22 377 Mdd para construir 51 proyectos de generación y transmisión. Sin embargo, retrasos, falta de financiamiento y falta de transparencia en la información pública del CENACE limitan la certeza de ejecución.
El reto fiscal: sostenibilidad vs modernización
El gobierno ha desplegado apoyos fiscales hacia Pemex para garantizar su operación, pero estos recursos reducen la capacidad de inversión en infraestructura energética. El presupuesto asignado a Pemex para extracción, refino, gas y mantenimiento disminuyó 18.5 % real respecto a 2024. Aunque busca generar más ingresos propios, debe equilibrar el objetivo de producción con la demanda de inversión privada en exploración y producción conjunta.
Esta tensión evidencia el dilema entre sostener el modelo centralizado estatal y requerir financiamiento externo para evitar déficits energéticos.
Propuestas para fortalecer la soberanía energética
- Esquemas mixtos con inversión privada
La participación de actores como Carlos Slim demuestra la posibilidad de proyectos mixtos que incrementen la producción de gas natural y disminuyan la dependencia de importaciones. - Refuerzo de infraestructura
Priorizar proyectos aprobados en el Plan Eléctrico 2025–2030, acelerar construcción de líneas y plantas, y restablecer transparencia en reservas operativas. - Transición energética consciente
Incorporar renovables, hidrógeno e infraestructura híbrida busca reducir emisiones y dependencia del petróleo, sin sacrificar el control estatal. - Modernización de Pemex
Inversión en mantenimiento, cierre técnico de campos maduros, exploración con socias estatales y desarrollo de nuevos proyectos.
Hacia un nuevo consenso energético
México necesita construir un nuevo consenso energético que trascienda los ciclos sexenales y los discursos ideológicos. La soberanía energética ya no puede entenderse como autosuficiencia absoluta ni como exclusión del capital privado, sino como la capacidad del Estado para garantizar el suministro energético seguro, asequible y sustentable, articulando esfuerzos públicos y privados bajo un marco claro y estratégico.
La realidad del sistema energético —desde la presión sobre Pemex, hasta la fragilidad de la red eléctrica en zonas industriales— exige una planeación con visión de largo plazo, respaldada por datos abiertos, reglas estables y mecanismos de financiamiento viables. Apostar por la soberanía del siglo XXI es invertir en resiliencia tecnológica, seguridad operativa y acceso universal, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica ni el desarrollo social.
El momento de actuar es ahora. Lo que México decida en materia energética en los próximos dos años definirá no solo su autosuficiencia, sino su competitividad, estabilidad y bienestar en las próximas décadas.
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