Isabel Studer Presidenta de Sostenibilidad Global
En un país tan desigual como México, la transición energética sólo será sostenible si también es justa, pues no es un ejercicio técnico, sino una decisión sobre qué futuro queremos construir.
A cinco años, 2030, México presentó su compromiso climático NDC 3.0, como se le llama a su Contribución Nacionalmente Determinada, en un contexto que nadie puede ignorar: el calor extremo, la falta de agua y la degradación ambiental ya forman parte de la vida diaria. No hace falta abrir un informe técnico para entender de qué hablamos: basta con ver la presión hídrica en las ciudades, los rendimientos agrícolas que caen o la pérdida acelerada de los ecosistemas.
Una novedad importante es que esta NDC sí incorpora explícitamente referencias a la desigualdad, los derechos humanos y la justicia social. Reconoce que la crisis climática no afecta por igual y que las soluciones deben poner en el centro a quienes enfrentan mayores vulnerabilidades. En un país con brechas tan profundas, esta acción era indispensable.
La NDC plantea tres compromisos estrechamente vinculados con la Agenda 2030. El primero —relacionado directamente con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante)— es llevar electricidad a 500 mil hogares que aún no tienen acceso. Más que una cifra, es una apuesta por la dignidad y las oportunidades: la salud, la educación, la productividad y la resiliencia climática dependen de la energía.
El segundo compromiso es aumentar la participación de energías limpias en la generación eléctrica, que también forma parte del ODS 7. México tiene ventajas naturales evidentes, pero la transición avanza más lentamente de lo que exige la ciencia. Para lograrlo, se necesitan inversiones, infraestructura de transmisión y reglas claras que brinden certidumbre.
El tercer eje —alineado con el ODS 13 (Acción por el clima)— apunta a reducir emisiones mediante políticas sectoriales coherentes. El transporte es el caso más evidente: una flota envejecida, costosa y contaminante que deteriora la calidad del aire y golpea la competitividad. La modernización no es opcional; es la base de una economía más limpia y eficiente.
“La acción climática requiere presupuestos, reglas consistentes e incentivos alineados”.
Sin embargo, para que la NDC 3.0 realmente mueva la aguja, no basta con una narrativa más social y ambiciosa. Se necesita algo mucho más concreto: transparencia, una ruta clara de implementación y compromisos financieros verificables, tanto públicos como privados. La acción climática no puede depender sólo de buenas intenciones; requiere presupuestos, reglas consistentes e incentivos alineados. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir la historia: grandes anuncios sin un impacto real.
El sector privado también tiene un papel clave. Aunque la mayoría de las grandes empresas ya publica reportes de sostenibilidad, el desafío es pasar del discurso a las transformaciones medibles: metas basadas en ciencia, transparencia rigurosa y cero tolerancia al greenwashing.
Y ahí está el gran reto pendiente: las mipymes, que representan más del 97% de los establecimientos del país. Si no apoyamos a este sector —financiamiento accesible, capacitación y tecnología—, la transición simplemente no ocurrirá. Muchas ya están sintiendo los efectos del cambio climático: falta de agua, pérdidas agrícolas, suelos degradados y cadenas de suministro vulnerables.
Por eso, más que establecer metas, el reto radica en definir y formalizar procesos que describan cómo se implementarán. Aquí, las referencias a la desigualdad y a los derechos humanos dentro de la NDC hacen sentido: no se trata sólo de reducir emisiones, sino de ampliar oportunidades y reducir vulnerabilidades en la población.
Desde Sostenibilidad Global lo vemos en el territorio: una comunidad que accede a energía solar, una mujer indígena que se forma como técnica fotovoltaica, un sistema de transporte más limpio que mejora el aire de un barrio. Ahí es donde la transición deja de ser un documento y se vuelve parte de la vida cotidiana.
La NDC 3.0 puede acelerar ese camino, pero sólo si se sostiene con transparencia, financiamiento suficiente y políticas articuladas. La Agenda 2030 —especialmente los ODS 7 y 13— nos recuerda que la sostenibilidad no es un ejercicio técnico: es una decisión sobre qué futuro queremos construir. En un país tan desigual como México, esa transición sólo será sostenible si también es justa.
