La administración de Donald Trump enfrenta críticas por una serie de decisiones que, según organizaciones ambientalistas y expertos, aceleran la crisis climática y ponen en riesgo la salud de las comunidades en Estados Unidos.
El nuevo viraje ambienta del gobierno estadounidense prioriza el impulso al carbón y relaja regulaciones clave sobre emisiones en sectores como el automotriz y el de petróleo y gas.
De acuerdo con Climate Action Campaign, estas medidas regresivas incluyen recortes a la preparación ante fenómenos meteorológicos extremos, congelación de inversiones verdes y el bloqueo de protecciones contra la contaminación, con impactos desproporcionados en poblaciones vulnerables.
El movimiento más reciente ocurrió la semana pasada, cuando el presidente ordenó al Departamento de Defensa de Estados Unidos aumentar la compra de electricidad proveniente de centrales térmicas de carbón. La directriz forma parte de una estrategia para frenar el declive del sector y mantener operativas plantas consideradas obsoletas.
La orden ejecutiva instruye a firmar contratos de suministro a largo plazo con instalaciones de carbón que abastecen bases militares y operaciones críticas.
De acuerdo con un comunicado emitido la semana pasada por la Casa Blanca, el objetivo es garantizar energía de “carga base” confiable y reforzar la resiliencia de la red y la seguridad nacional.
La administración sostiene que fuentes intermitentes como la eólica y la solar no siempre aseguran electricidad bajo demanda en condiciones extremas. No obstante, especialistas señalan que aun si el ejército obtuviera toda su energía del carbón, ello representaría apenas alrededor del tres por ciento de la capacidad total del carbón en el país.
En ese contexto, los analistas consideran improbable que la política reactive a la industria en su conjunto, aunque sí podría prolongar la vida de plantas específicas, especialmente aquellas cercanas a instalaciones militares. El efecto, advierten, sería más simbólico que estructural.
Los contratos del Pentágono se suman a una estrategia más amplia: el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció inversiones por unos 175 millones de dólares para extender la vida útil de centrales de carbón.
Aun así, los retos del carbón son principalmente económicos, es decir, las empresas eléctricas han cerrado centrales durante años porque el gas natural y las renovables suelen ser más baratas de construir y operar.
En paralelo, Trump revocó una resolución científica clave de 2009, emitida durante la administración de Barack Obama, que sustentaba la regulación federal de gases de efecto invernadero.
La Casa Blanca calificó la decisión como “la mayor desregulación” en la historia del país, mientras grupos ecologistas la consideran el mayor retroceso climático hasta ahora y se preparan para impugnarla en tribunales.
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