Primero hay que entender los riesgos que tiene la inversión pública en el sector de energía y tener en cuenta que, las empresas del estado mexicano, el 95% de sus actividades operativas, mantenimiento y actualizaciones técnicas dependen de la subcontratación de entidades físicas o morales, mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas para cubrir la demanda de los diferentes mercados.
A todo esto, debemos de entender y comprender que, cualquier inversión en el sector de energía, uno de los principales riesgos de invertir dinero público es la posibilidad de incurrir en sobrecostes o desviaciones presupuestales. Los proyectos pueden requerir inversiones adicionales, debido a factores imprevistos como cambios en el precio de materiales, fluctuaciones en la tasa de cambio, retrasos en la construcción, problemas logísticos o ambientales. Cuando los costos superan las proyecciones iniciales, se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a otros sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos para la población.
Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que aumenta la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. Un mal cálculo financiero puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso, inviables.
La inversión de recursos públicos en energía está sujeta a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es común que los proyectos sean utilizados como instrumentos de imagen o propaganda, estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos sin la debida planeación técnica. Los cambios en la administración pública pueden detener, modificar o incluso, cancelar proyectos, generando pérdidas económicas y desconfianza en las entidades financieras y calificadoras.
Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y manejo poco transparente de los recursos ante proyectos carentes de una planeación adecuada, incurriendo en no tener mecanismos sólidos de rendición de cuentas y supervisión independiente. Los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades y desvío de fondos. A lo cual genera daños patrimoniales, no recuperables, y que depende de una buena gestión del órgano de fiscalización sobre cómo fueron usados. Esto es responsabilidad por parte de la auditoría superior de una nación.
Dependiendo del mecanismo que sea utilizado para tener acceso a tecnología y que esta sea aplicada al sector energético, debe considerarse la constante evolución de esta, y con tecnologías emergentes actuales, y que pueden volver obsoletas a las inversiones actuales, en apenas unos años. Apostar recursos públicos a una tecnología específica implica el riesgo de que dicha tecnología pierda competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas, por tal motivo debe haber una continua renovación del cómo es usada la tecnología.
Un fallo tecnológico puede retrasar la operación, elevar los costos o reducir los beneficios esperados. Por lo tanto, las regulaciones y leyes deben adaptarse en forma continua, basadas en una cuestión técnica y no política, bajo órganos reguladores capaces de comprender y aplicar los cambios geopolíticos y del mercado interno con base en la demanda y consumo en el mediano y largo plazo.
El sector energético depende del mercado de consumo que puede ir desde el comercial, hasta el industrial o doméstico, y cada uno de ellos tiene una característica especial y presenta cambios constantes. Hoy, ningún país tiene soberanía energética. Algunos han reducido su dependencia de otros países, para tener la energía necesaria para sus mercados; por lo tanto, actualmente todas las naciones están sujetas a la dinámica de los mercados internacionales, la volatilidad de los precios de combustibles, cambios en la demanda y aparición de competidores privados o internacionales. Una caída en el precio de la energía puede reducir los ingresos esperados y hacer inviables ciertos proyectos públicos. La apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la entrada de nuevas tecnologías pueden desplazar modelos de negocio tradicionales, poniendo en entredicho la viabilidad financiera de la inversión pública en proyectos no aptos para el futuro.
El uso de recursos públicos implica una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales o escándalos de corrupción pueden dañar irreversiblemente la imagen de la entidad responsable y de los tomadores de decisiones, disminuyendo la confianza pública y dificultando futuras inversiones ante la incertidumbre del mundo financiero del ser parte de un mercado en un país.
De acuerdo con análisis realizados en diferentes países y que utilizan gran parte del dinero invertido es público, y con lo anterior descrito, encontramos en forma resumida a los siguientes riesgos, que pueden afectar al sector de energía, y que algunos de estos pueden ser aplicados para México:
• Desviación presupuestal. Los costos reales pueden exceder ampliamente las estimaciones iniciales, debido a errores de planeación, inflación o cambios en la tecnología.
• Endeudamiento público. Grandes proyectos pueden requerir financiamiento externo, que incremente la deuda pública, afectando a otros sectores prioritarios, como salud o educación.
• Riesgo de activos varados. Cambios tecnológicos o de mercado pueden hacer obsoletas infraestructuras antes de que terminen su vida útil, dejando inversiones millonarias sin recuperar.
• Fuga de recursos. El mal manejo de fondos puede dar lugar a corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos.
¿Qué hacer para disminuir los riesgos?
• Realizar estudios de factibilidad técnica, financiera, social, y ambiental, antes de aprobar cualquier inversión relevante.
• Garantizar procesos de licitación y contratación transparentes, con mecanismos sólidos de supervisión y auditoría autónoma.
• Diversificar las fuentes de energía y evitar la dependencia de una sola tecnología o proveedor.
• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continuos para identificar tempranamente desviaciones y corregir el rumbo.
• Auditorías en periodos más cortos.
• Capacitar al personal público en gestión de proyectos, análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales acopladas a la geopolítica energética.
• Fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza para garantizar la rendición de cuentas y la integridad institucional para determinar si el gasto fue el correcto.
En México, actualmente, la inversión en el sector energético sólo representa el 2% del total que es realizado a nivel mundial, y dentro del T-MEC el 12%. La inversión extranjera directa en el sector de energías sólo representa el 3% de total que entra al país.
Una gestión responsable, transparente y basada en la evidencia es fundamental para asegurar que las inversiones públicas contribuyan efectivamente al bienestar colectivo, sin comprometer la estabilidad financiera, ni el desarrollo futuro de la nación en un mundo cambiante.
Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.
