El Comité Técnico Científico encargado de evaluar la viabilidad del fracking en México cumplió el plazo de dos meses para entregar un informe preliminar con sus conclusiones. Este análisis busca determinar si es posible implementar esta técnica bajo criterios sustentables en el país.
Integrantes y objetivos del comité
El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas convocados en Palacio Nacional para formar el comité. Los expertos provienen de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y diversos centros de investigación.
Sus áreas de conocimiento incluyen ingeniería petrolera, manejo del agua, sustentabilidad, geología, química, suelo, energía, biotecnología industrial y contaminación atmosférica. El propósito es que, con base en su experiencia, analicen la factibilidad técnica, ambiental y social del fracking en México.
Plazo y alcance del análisis
El comité tenía un plazo de dos meses para entregar una primera orientación sobre el uso de la fractura hidráulica, técnica reconocida mundialmente por su alto impacto ambiental. El 15 de junio se cumplió este periodo, tras el cual se espera definir si se avanza o no en la aplicación de esta técnica para la explotación de gas natural no convencional.
La intención del gobierno es avanzar hacia una mayor soberanía energética y reducir las importaciones de gas provenientes de Estados Unidos. Según Sheinbaum, si las conclusiones iniciales son favorables, se determinarán las zonas adecuadas para su aplicación y las tecnologías a emplear, así como los mecanismos de consulta pública.
Aspectos a evaluar
Además de la factibilidad técnica, el comité debe considerar impactos ambientales, sociales, costos y tecnologías disponibles. En materia ambiental, se analiza cómo minimizar daños, por ejemplo, mediante el reciclaje de agua o el uso de espuma de CO2.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha señalado que esta técnica consume entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, lo que amenaza la disponibilidad hídrica y el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en regiones con estrés hídrico como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En cuanto al impacto social, se contempla la posibilidad de limitar el fracking a ciertas áreas mientras se desarrollan tecnologías menos invasivas.
Postura de organizaciones ambientales
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que integran la Alianza Mexicana Contra el Fracking han manifestado que esta práctica no es solo un asunto técnico, sino una decisión política y territorial con consecuencias climáticas y sociales.
En un comunicado, reiteraron que el fracking debe prohibirse y no regularse ni gestionarse, pues no existe un fracking sustentable ni responsable que pueda contrarrestar dos décadas de evidencia sobre sus impactos negativos en el ambiente, la salud y las comunidades.
