La reforma para reducir la jornada laboral en México —de 48 a 40 horas semanales— continúa generando debate nacional. Durante el primer foro convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, presentó una propuesta que busca equilibrio entre justicia laboral y estabilidad económica: una transición gradual, sectorizada y acompañada de incentivos que evitaría impactos negativos en productividad, inflación y crecimiento económico.
Según Cervantes, aplicar el recorte horario de manera inmediata podría generar una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta 6.7% y provocar un alza de precios cercana al 3%. En cambio, un modelo progresivo permitiría que el 77% de los trabajadores formales se beneficien sin alterar la estructura del empleo ni la competitividad de sectores clave. La clave, sostuvo el CCE, está en que este ajuste libere cerca de 105 millones de horas semanales, que podrían ser absorbidas con la creación de ocho millones de nuevos empleos formales en un lapso de cinco años.
La propuesta empresarial contempla iniciar con la eliminación de una hora laboral en el primer año de implementación. Posteriormente, el país avanzaría hacia una jornada de 40 horas para el año 2030. Esta ruta incluye medidas complementarias como incentivos fiscales a las empresas que adopten el nuevo esquema, programas de capacitación laboral, flexibilización con banca de horas, y un tratamiento especial para trabajadores por hora, temporales o fuera de planta.
Desde el punto de vista del CCE, el debate debe priorizar un enfoque realista que garantice sostenibilidad y justicia. Sin embargo, la discusión está lejos de terminar. El plan tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores) continuará su ruta con nuevos foros en Monterrey, Guadalajara y Tijuana, regiones industriales fundamentales para definir las condiciones, ritmo y sectores prioritarios del cambio laboral más ambicioso en décadas.
También hay que considerar que, en un contexto donde la informalidad supera el 50% y la productividad varía drásticamente entre regiones, la propuesta del CCE busca sentar las bases de una reforma viable, inclusiva y con impacto positivo en la economía y la calidad de vida de los trabajadores.
